
La anterior medida se puede analizar desde varias perspectivas, ya que no sólo impacta como principales afectados a miles de jóvenes que habiendo cursado sus estudios de bachillerato en los planteles mencionados y que han sido defraudados en cuanto a la validez de los mismos, también manifiesta un descuido y omisión en sus funciones de las anteriores autoridades a cargo de esa área de estudios en la misma SEP.
Previendo la reacción de los jóvenes y de los hoy adultos, que cursaron estudios en esos planteles, padres de familia y toda la ciudadanía ante el problema que lo anterior implica, el subsecretario anticipó que los estudiantes afectados no tendrán problema, ya que se ha establecido una mesa de atención para asesorar a estudiantes y planteles que se encuentren en esta situación y resolver caso por caso.

También, llama la atención de entre las declaraciones del subsecretario relativas a esta situación y refiriéndose concretamente a las autoridades anteriores que “lo que se encontró, fueron oficinas con cajas, o lugares donde se depositaba la información, la documentación física, y esto complicaba de manera muy importante la revisión de las instituciones y su vigilancia ya que, al no contar con una base de datos sistematizada sobre cuantos REVOES había admitido la SEP no se podía identificar a estos planteles”, lo que manifiesta una falta grave de las anteriores autoridades.

Como se puede observar, esta medida viene a poner a descubierto una situación grave en el sistema educativo nacional, que si bien no constituye un delito si se puede calificar de un fuerte fraude a la sociedad, en el marco de una educación que se ofrece con aparentes niveles óptimos de calidad. Se trata de un fraude social, por parte de autoridades y de propietarios de planteles, que rebasa el daño ya mencionado a los jóvenes, y que incide en las familias, en los padres que han desembolsado parte de su sueldo y ahorros e incluso han sacrificado la satisfacción de otras necesidades para el pago de las colegiaturas y que hoy ven frustrada la aspiración de que sus hijos contaran con una aparente mejor educación. Por otra parte, se trata de la carencia de ética por parte de los dueños y de los funcionarios responsables.
Debemos resaltar que el 16% del total de escuelas privadas de bachillerato que a partir del presente mes han visto revocado su REVOE corresponde a la entidad veracruzana, es decir, de 501 preparatorias particulares 79 en Veracruz no venían funcionando con los requisitos que
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¿Hasta la fecha, cuántos jóvenes veracruzanos han sido agraviados por los 79 bachilleratos privados hoy sin su REVOE?
1 comentarios:
Considero necesario dar a conocer esta información a toda la ciudadanía, ya que como usted lo menciona, se trata de un verdadero fraude social.
Si bien es cierto, que no es ilegal que estas escuelas den un servicio educativo, no me parece justo que haya jóvenes y padres de familia que hagan un esfuerzo para pagar una colegiatura en una escuela sin registro.
Estoy seguro que muchos de los estudiantes de estas escuelas ni siquiera saben la situación de su bachillerato por lo que me gustaría saber si tiene el dato de las 79 escuelas sin REVOE.
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