*J. Delfino Teutli Colorado
(Academia Mexicana de la Educación, A.C., Sección Veracruz)
Cuando estas líneas vean la luz en este invaluable espacio, muchas más se habrán sumado al debate público y a la reflexión que, en torno a la Educación Básica como derecho social y al Normalismo como paradigma sociopedagógico de formación de profesores, ha provocado la más fuerte embestida contra estos baluartes de la educación de nuestro pueblo, por medio de una política denominada Alianza por la Calidad de la Educación. Difícil resulta construir la crónica por la vertiginosidad de tantos hechos y acciones de resistencia suscitados a partir del 15 de mayo y acentuados después de las declaraciones del 18 de agosto. Notas, reportajes, columnas, entrevistas, editoriales, declaraciones, artículos de opinión y desplegados, a diario informan y van formando opinión acerca del rechazo, la protesta, la inconformidad, la incertidumbre y el malestar de miles de maestros que, paradójicamente hoy, no luchan por cuestiones laborales o gremiales, sino por lo que consideran es un atentado a la auténtica educación de los niños y adolescentes mexicanos y lo que ella representa para la construcción y el desarrollo nacional..
Es sumamente complejo hacer, en tan breve espacio, un ejercicio analítico de esta estrategia que entraña un modelo que pretende orientar la educación hacia fines e intereses que no precisamente se corresponden con los planteamientos legales y filosóficos que rigen a nuestro sistema educativo y que están claramente expresados en el Artículo Tercero Constitucional.
El 15 de mayo, justo cuando escribíamos que “habiendo tantos responsables, en la búsqueda de chivos expiatorios ante la crisis de nuestro sistema educativo, se ha puesto, injustamente, sólo a los maestros en el centro del debate”, se firmaba apresuradamente esa Alianza sin más consulta, diagnóstico, ni fundamentación serios. De entonces a la fecha, dado su carácter e intenciones que se van develando, se ha puesto al profesorado en servicio, a la educación pública y al normalismo mexicanos, en un verdadero estado de emergencia. A grado tal, que personalidades como José Ángel Pescador Osuna, ex Secretario de Educación Pública y Olac Fuentes Molinar, ex Subsecretario de Educación Básica y Normal, adviertan que se trata de una estrategia para “desprestigiar y minimizar la educación pública y seguir favoreciendo el crecimiento desmedido de las instituciones particulares”, y que, por tanto, “se plantean para la educación básica, las horas más negras…” (La Jornada, 26 y 28 de agosto de 2008).
Lástima que esta reforma no mereciera la atención del Congreso de la Unión, es decir de “los representantes populares” quienes, en cambio, mucho interés han puesto en la reforma energética. Pareciera que la educación no estuvo en el ánimo de los legisladores como palanca del desarrollo nacional y como elemento importante de un proyecto de nación alternativo al que quieren imponer los apologistas de la filosofía del neoliberalismo y de la globalización que todo lo quiere convertir en cuestión de mercado.
Muchas son las aristas desde las que se pudiera abordar esto que más parece ser una contrareforma educativa o una perversa alianza político electoral para desmantelar no sólo a la educación pública sino, irónicamente, también al propio sindicalismo magisterial; al menos veamos algunos puntos:
En relación con el panorama desalentador que en materia educativa presentaron los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), debe considerarse que ello se debe a múltiples factores; que si se analiza el mapa de las deficiencias en educación, éstas coinciden con el de los niveles de desarrollo social, pobreza y marginación en que viven millones de niños y adolescentes mexicanos que atiende el grueso de los profesores de escuela pública. Se omite que el fracaso escolar también se origina por la exclusión y la pobreza extrema. Por eso resulta injusto que, tomando como único referente una evaluación parcial, sumativa, descontextualizada y con criterios eficientistas y cuantitativos se exhiba, ante los padres de familia y la opinión pública, a los maestros, que en buena proporción son egresados de escuelas normales, haciéndolos aparecer como los únicos responsables del fracaso educativo, y que por ello debieron aceptar su culpabilidad asistiendo a cursos cuya organización y eficiencia fueron cuestionados y acatar, en la indefensión, nuevas reglas laborales y una reforma curricular que trastoca su quehacer profesional y su misión; que significa cambio de enfoques en la educación orientados a la lógica y criterios empresariales; que prioriza procesos instruccionales más que educativos; y que pretende reducir el papel de los docentes a simples “mediadores” y no de educadores de niños y adolescentes.
¿Para qué el adiestramiento en “competencias”, el inglés, el uso de tecnología, la “educación económica” y la “cultura financiera” a niños que se debaten en la pobreza? Sobre esto, no pocos expertos e investigadores han denunciado la intromisión del sector privado y del Banco Mundial en el diseño curricular de lo que se anuncia como un “nuevo modelo educativo” que en el fondo prioriza el desarrollo de “competencias” y avasalla toda nuestra cultura pedagógica nacional orientada al desarrollo integral del ser humano y a la promoción de los valores nacionales.
No es ésta la mejor forma en que la SEP revalore la imagen y la función de “sus maestros”, del otro ejército, el de la cultura y la identidad nacional; de pronto se pierde la memoria de que la de los profesores es una profesión de Estado y que su formación inicial y permanente, su contratación, sus promociones y ascensos, son producto de las virtudes o vicios del propio sistema que hoy los menosprecia y desdeña su capacidad de pensar. ¿Se trata, como coinciden múltiples analistas, de hacer creer a la sociedad de que la educación privada es la mejor?
La SEP, como institución de Estado, asumió que “las escuelas normales deben seguir formando a los maestros de educación básica” en razón “de lo que la tradición normalista ha significado para el país” y con el convencimiento de que “en el momento actual, ningún otro tipo de institución podría realizar con mayor eficacia la tarea de formar a los nuevos maestros” (SEP, planes de estudio de licenciaturas). ¿Por qué ahora, en una política de reclutamiento abierto, se convocó a “Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes” de manera indiscriminada y sin importar la formación inicial de los aspirantes, sólo por la vía de un examen que no necesariamente pudo explorar los rasgos del perfil de egreso que por normatividad la propia SEP prescribe para todas las instituciones formadoras de maestros a nivel nacional? El resultado: varios normalistas sin plaza y en cambio, otros profesionales de disciplinas ajenas al magisterio o egresados de escuelas normales particulares ingresarán a la docencia sin perfil adecuado.
¿Será que para la aplicación de los “nuevos programas” ya no se requieran profesores humanistas, analíticos, críticos, reflexivos y comprometidos con las necesidades educativas y sociales de la mayoría de la población?
¿Cómo evaluar el compromiso social, la responsabilidad, la identidad profesional, la sensibilidad, el humanismo, la capacidad de percepción de las condiciones sociales del entorno de la escuela o las competencias didácticas que sólo en el desempeño de la práctica puede evidenciar un normalista formado precisamente para eso y no para memorizar contenidos azarosos?
Las escuelas normales, de siempre, han forjado mente y corazón de maestros comprometidos con las clases populares, con los marginados, con los más pobres; que al mismo tiempo que educan, acompañan y guían el desarrollo comunitario. La docencia forjada en el normalismo es un ejercicio intelectual, pero de gran sensibilidad, que va más allá de las aulas; es un compromiso moral y social con quienes no pueden pagar la educación como si fuera una mercancía.
Pero así, en la misma lógica aplicada para los profesores en servicio, se tomó como pretexto el resultado de esa prueba de concurso, para de manera irrespetuosa, irresponsable y provocadora, proponer nada menos que la desaparición de las escuelas normales.
Se está consciente, por espíritu autocrítico, de que hace falta evaluar para mejorar los aspectos que deben fortalecerse a fin de responder con mayor eficacia y pertinencia a la necesidad, cada vez mayor, de formar mejores maestros. Pero también hay que plantear la urgencia de que el estado atienda y fortalezca a las escuelas normales públicas en todos los sentidos; incremente la matrícula en ellas y consecuentemente, cierre las escuelas normales de la iniciativa privada que, en lo fundamental, no responden a los intereses y fines de la educación pública.
Ante este sombrío panorama, anima que la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” de Xalapa, Veracruz, congruente con su misión institucional y su legado histórico, como tantas otras instituciones de su tipo en el país, asuma su papel de vanguardia y se haya instalado, como comunidad académica, en sesión permanente desde el 26 de agosto para disponerse a luchar por la defensa de la educación pública y el normalismo, no con la actitud contestataria de la protesta en sí misma, sino consciente de que debe asumir nuevos compromisos tanto para seguir participando en la construcción de la pedagogía nacional, como para afrontar los desafíos que, en el terreno social, plantean la democracia, la equidad, el pluriculturalismo, la integración, la pluralidad política, la convivencia pacífica y la justicia social; pero siempre alerta para no acatar acríticamente, sólo la idea reduccionista de quienes quieren que se dedique a la formación de “técnicos de la enseñanza”. (teutlicolorado@msn.com)
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*Docente de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” de Xalapa, Veracruz.
**Artículo publicado en la Revista Educación 2001 en el número 161 correspondiente al mes de octubre de 2008.
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