
En 1944, durante la administración de Manuel Ávila Camacho y a iniciativa de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública y discípulo de otro gran educardor, José Vasconcelos, quien fue el pionero de esta campaña, se promulgó el 21 de agosto la Ley Emergente para iniciar la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, en los últimos momentos de la segunda Guerra Mundial.
Al respecto, Jaime Torres Bodet en sus Memorias “Años contra el tiempo” manifiesta que “Un país en estado de guerra no podía limitarse a coordinar determinadas medidas militares y acrecer su esfuerzo agrícola e industrial a fin de ayudar mejor el aprovicionamiento de sus aliados. El factor más profundo de la resistencia de un pueblo en lucha es la preparación intelectual y moral de sus habitantes. Esa preparación exige, como premisa, una educación al alcance de todos. Ahora bien, en una tierra en que únicamente la mitad de la población sabía leer y escribir, y donde las necesidades de instrucción rebasan de manera innegable l

Al paso de los años y ante las innovaciones educativas el concepto “alfabetización” ha evolucionado y si bien desde que se promulgó la Ley se vinculó con otros aspectos sociales, hoy se considera como un elemento primordial e indicador del desarrollo de los pueblos, por lo que se liga con los niveles de la calidad de vida, pobreza, desigualdad, discriminación y exclusión. A ello se debe que en 1967, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) declararán el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización.
En el derecho a la educación incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 se encuentra implícito el derecho a la alfabetización, siendo ratificado en otras Declaraciones y Convenciones. Hoy se reconoce que los beneficios que la alfabetización aporta tienen que ver con el desarrollo personal, pero también con familias, comunidades y naciones. Esos beneficios son personales, sociales, económicos, culturales y políticos.

Lo anterior se debe a que los gobiernos y los organismos de apoyo a la alfabetización no otorgan prioridad ni financiamiento suficiente a los programas educativos alfabetizadores para jóvenes y adultos, pues existe el criterio de que resulta una mejor inversión la que se hace en la educación básica para la infancia.
En Veracruz, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía nuestra entidad cuenta con 650 mil habitantes que no saben leer y escribir ni poseen los elementos básicos de la
aritmética, por lo que de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 “el analfabetismo continúa siendo un flagelo que daña 14.9% de la sociedad veracruzana entre 15 y 64 años."

Al hacer eco de la promulgación de la Ley Emergente para iniciar la Campaña Nacional contra el Analfabetismo hacemos nuestro el llamado que Koichiro Matsuura, Director General de la Unesco, hiciera el año pasado “Debemos actuar ahora, de mancomún, para construir un mundo en el que todos puedan leer y escribir, compartiendo los beneficios sociales y humanos de la alfabetización.”
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