EDUCACION: POLITICA DE ESTADO

“La alianza convoca a otros actores indispensables para esta transformación: gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades educativas estatales, padres de familia, estudiantes de todos los niveles, sociedad civil, empresarios y academia, para avanzar en la construcción de una Política de Estado”.

Lo anterior forma parte de la presentación inicial de la Alianza por la calidad de la educación que ha dado mucho que hablar y cuyo objetivo central es “propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional”.

Desde que el pasado dia del maestro fue formalizada la llamada Alianza por la calidad de la educación han aparecido un buen número de artículos, comentarios y declaraciones, a favor o en contra, de parte de autoridades, líderes sindicales, expertos en educación y cualquier buen ciudadano que ha querido opinar, lo cual nos parece muy bien puesto que el tema debe formar parte del debate nacional que sobre los aspectos torales de nuestro país se debe dar permanentemente. Sin embargo, en esta fiebre de declaraciones y opiniones ha surgido un uso indiscriminado de conceptos que ya nos suenan bastante conocidos, pero cuya aplicación se ha desgastado y por lo tanto distorsionado, llagándose incluso a la tergiversación: reforma educativa, revolución educativa, nuevo modelo educativo, gestión educativa, capacitación, y política de Estado.

En esta ocasión nos referimos al uso y manoseo del concepto política de Estado, mismo que conlleva todo un contenido con el que algunos autores están de acuerdo y otros no, pero que también manifiesta la visión o perspectiva que tienen de la educación como política pública quienes lo manejan.

En sentido estricto, si partimos de lo que se enuncia al inicio del documento de presentación de la Alianza por la calidad de la educación, damos por sentado que hasta hoy la educación no ha constituido una política de Estado, ya que se nos invita como ciudadanos, maestros y padres de familia a colaborar en su construcción. Esto constituye una negación y una crítica fuerte a todo lo que hasta el momento se ha hecho por la educación en México, pero en lo cual en los últimos tiempos han participado los mismos que signan la tan traída y llevada Alianza. Ante esta situación, suponemos que de hoy en adelante si contaremos realmente con una política de Estado relativa a la educación.

Lo anterior nos llama la atención, puesto que con todos los cuestionamientos que se puedan hacer y de los cuales con algunos estamos plenamente de acuerdo, si en México ha existido una política de Estado, esa ha sido precisamente la relativa a la educación, que se remonta al siglo antepasado y de manera plena al siglo pasado, concretamente a lo que planteara el maestro José Vasconcelos, que en su momento histórico respondía a las circunstancias políticas y sociales de la etapa por la que atravesaba nuestro país.

Una política de Estado es una política permanente, a largo plazo, no coyuntural, que tiene continuidad a través de varias administraciones, lo que significa que es realizada por varios gobiernos que van impulsando los tramos de su proceso, que va más allá de la gestión de un solo gobierno. Su ejecución demanda plazos mayores que un período presidencial, es decir, son de largo aliento. Pero otra característica de las políticas de Estado y que viene siendo la principal es que cuenta con el consenso de la ciudadanía, ya sea de manera directa o a través de la representación popular. Por ello, una política de Estado debe ir precedida de un análisis colectivo, de un debate nacional y de la aprobación de toda la sociedad.

En el caso de la Alianza por la calidad de la educación, tal parece que el mismo consenso no se da ni al interior de quienes la han signado puesto que se han manifestado múltiples voces disidentes que cuestionan su contenido, sus alcances y su trascendencia, ya que el mismo documento en donde se presenta adolece de aspectos repetitivos de otros similares que periódicamente se nos han hecho ver como lo definitivo, de que “ahora si es la buena”, trátese de una reforma educativa, una revolución educativa, o como se le haya querido llamar en cada administración federal.

Una política de Estado relativa a la educación no es solamente una cuestión jurídica, ni únicamente social, tampoco estrictamente política o meramente pedagógica, es la conjunción de todo ésto pero respaldada en todas sus vertientes, en su contenido y en el impacto que se espera de ella por el consenso ciudadano, considerando que cuando decimos consenso ciudadano no nos referimos a una negociación cupular y coyuntural, sino a la percepción de que constituye la respuesta esperada, con un andamiaje jurídico, técnico-pedagógico, administrativo e institucional, a una necesidad vital de la cual depende en mucho el futuro del país, de igual manera que de otras como deberían ser la de seguridad nacional y la del combate a la pobreza.

En conclusión, el aspecto de la Alianza por la calidad de la educación que pugna por una política de Estado, merece el análisis amplio, objetivo y especializado desde esta perspectiva de instituciones educativas, padres de familia, organizaciones magisteriales y expertos en educación. En esta localidad y en toda la entidad veracruzana muchos de ellos se han manifestado. Esperamos las de otros que por la naturaleza de su encomienda oficial la tienen que hacer.