En 1994 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó el acuerdo de que el 9 de agosto de cada año, durante el Primer Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, se celebrara el Día Internacional de los Pueblo Indígenas. El 20 de diciembre de 2004 la ONU acordó establecer el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005-20014), incluyendo la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Ante la celebración el próximo día 9 del Día Internacional de los Pueblos Indígenas conviene revisar algunos aspectos en torno a las etnias, aunque lo primero que surge es la disyuntiva de que si ¿estamos ante una celebración?, si ¿hay materia que celebrar? o más bien si tenemos que lamentar algunos aspectos en que aún se encuentran inmersos nuestros pueblos indígenas y la necesidad de pugnar de manera más decidida y contundente porque se les otorguen y respeten derechos con que todos los grupos sociales cuentan y el requerimiento de políticas públicas adecuadas, en lugar de algunas vigentes que en el fondo resultan ser programas asistenciales.
Es necesario recordar que en el Art. 1º del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se asienta que un pueblo es considerado indígena “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos”.
También, se debe considerar la posición adoptada permanentemente por los representantes indígenas ante los distintos órganos de la ONU consistente en que corresponde al propio indígena y al pueblo en su conjunto decidir quiénes son indígenas, proponiendo la autodefinición y otros elementos como la ascendencia, la identidad colectiva, la aceptación por el grupo, el vínculo histórico en la tierra y el idioma. Esta posición guarda coincidencia con estudios sociales respecto a la elaboración de los criterios censales desde la perspectiva de los pueblos indígenas y de los especialistas no indígenas.
Lo anterior, se puede advertir en los censos correspondientes a los años 80 y 90 del siglo pasado en que los criterios para la identificación de los pueblos indígenas tenían que ver directamente con la lengua, el espacio geográfico de residencia, la vestimenta y otros aspectos. A partir del año 2000, se incluyó ya en algunos la autodefinición y en segundo término la lengua, lo cual implica un cambio profundo de criterios, como sucedió en México. Se espera que a partir de los censos de 2010 prive la autodefinición como criterio prioritario, reflejo de un derecho natural de los indígenas que tiene que ver con la libertad cultural para elegir la identidad que se prefiera.
De acuerdo al informe Panorama Social de América Latina 2006 elaborado por la ONU y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en estos momentos iniciales del siglo XXI los pueblos indígenas en todo el mundo suman entre 350 y 400 millones de personas, que representan mas de 6000 lenguas y culturas, ubicadas en alrededor de 70 países. En América Latina y el Caribe vivirían entre 30 y 50 millones de indígenas y se hablarían alrededor de 860 idiomas y variaciones dialectales. Los pueblos indígenas reconocidos de manera directa o implícita por los Estados son 671, de los cuales 642 están en América Latina.
Un avance de los pueblos indígenas es su visibilidad en los censos. Durante las rondas de los censos de 1970 y 1980 únicamente se contaban con cantidades aisladas y no consistentes, pero en los de 1990 y 2000 se ha considerado la necesidad de otorgarles visibilidad. Para América Latina se calcula un mínimo de 30 millones de indígenas al comienzo de este nuevo siglo.
Para la fuente citada anteriormente, México cuenta en el presente decenio con 62 pueblos indígenas y con una población aproximada de 6,101630 que constituye el 6.4% de su población total.
Si bien, los altos porcentajes de población indígena en zonas rurales corresponden con los territorios de origen ancestral y las diferentes áreas de desplazamiento hacia los cuales fueron reducidos, una tendencia actual de los pueblos indígenas es la migración a las ciudades. En América, el 80% de la población indígena reside en áreas rurales (Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Paraguay), mientras que en Guatemala y México uno de cada tres indígenas reside ya en zonas urbanas y en Bolivia, Brasil y Chile más de la mitad de indígenas vive en ciudades como sucede en Chile con el 64.8% con residencia en ciudades.
La migración indígena hacia las ciudades ha merecido estudios específicos en torno a sus nuevos espacios de vida y a la reproducción de la desigualdad, ya que los migrantes indígenas suelen asentarse en zonas urbanas marginales, lo cual contribuye a la reproducción y agudización de la inequidad vinculada a la falta de oportunidades y a diversos problemas de acceso cultural de los programas y servicios del Estado.
Pero lo que más resalta en el trayecto histórico de los pueblos indígenas es que como resultado de sus luchas y de su vinculación a nivel regional, nacional e internacional han logrado generar un auténtico y real movimiento social indígena, que a pesar de ser vilipendiado, soslayado, ignorado y reprimido ha logrado avances, a veces mínimos y en otros casos de mayor peso. El principal avance ha sido el que se les preste atención y que hayan pasado a formar parte de la agenda política de diferentes países, donde se han expedido leyes y otros estatutos que protegen sus derechos y cultura, si bien estas leyes no siempre han logrado plasmar en su plenitud todo lo que merecen y hayan distorsionado las propuestas de cambio respecto a las políticas públicas indigenistas que ha prevalecido durante muchos años y que se han pervertido.
Uno de los mayores problemas, entre otros tantos, que hoy podríamos tratar de los pueblos indígenas es el relativo a la libertad cultural de la que deben gozar, como cualquier otro ser humano o ciudadanos, pero que no es así. De acuerdo a Will Kymlicka la libertad cultural es la independencia que tienen las personas de escoger su identidad (de ser quienes son) y vivir sin perder el acceso a otras opciones que les resulten importantes. La libertad cultural es trasgredida cuando hay falta de respeto o de reconocimiento de los valores y de las instituciones o estilos de vida de grupos culturales y cuando las personas son discriminadas debido a su identidad cultural.
Cuando la libertad cultural es violada se manifiesta en dos aspectos de la exclusión cultural: por el modo de vida y la exclusión en la participación. La exclusión por el modo de vida consiste en la denigración o represión por parte del Estado o de las costumbres sociales de la cultura de un grupo, incluidos su lengua, religión, tradiciones o estilo de vida.
La exclusión de participar se manifiesta en la exclusión social, económica y política por pertenecer a una etnia, lengua o religión; es la discriminación ejercida sobre la base de la diversidad cultural. Esta exclusión opera por medio de políticas discriminatorias emanadas del Estado (negación de la ciudadanía, del derecho al voto o la presentación a cargos públicos), de situaciones de discriminación histórica que no han sido enmendadas (un rendimiento inferior en la educación) o de prácticas sociales (como la menor presencia de un grupo cultural en los medios de comunicación o apareciendo únicamente en casos tratados de manera amarillista).
Para solucionar el primer caso se proponen políticas que otorguen reconocimiento público, espacio y apoyo a la cultura de los grupos que son excluidos por su modo de vida. En el segundo, se requieren enfoques multiculturales en las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas.
De acuerdo al Informe sobre el Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sigue vigente la idea equivocada de que procurar la libertad cultural constituye un lujo, es decir, que sus costos son demasiado altos para los países que pretenden establecer políticas públicas al respecto.
El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006 elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el PNUD, expresa que “un obstáculo recurrente para el desarrollo humano de un país como México han sido ciertos mitos acerca de la relación entre diversidad cultural y sociedades incluyentes y a la influencia negativa que éstos han tenido en la construcción de nuevas formas de pensamiento que permiten la adopción de concepciones abiertas a la coexistencia de expresiones culturales diversas”
Estos mitos surgen de perspectivas equivocadas del papel que cumple la cultura, la diversidad cultural y la libertad cultural, respecto al desarrollo integral y sostenible. El Informe de la ONU mencionado en el antepenúltimo párrafo presenta tres mitos:
1. Algunas culturas tienen mayores probabilidades de desarrollo que otras.
2. La diversidad cultural conduce inevitablemente a choques en torno a valores.
3. La diversidad cultural es un obstáculo para el desarrollo.
En cuanto al primer mito, se puede afirmar que quienes lo sostienen no tienen bien conceptualizada una relación clara entre cultura y desarrollo. En el segundo caso, se desconocen los derechos culturales de cada pueblo para conservar y preservar sus identidades culturales y fomentar la tolerancia, el respeto a los otros y la convivencia pacífica, todo ésto a través de políticas multiculturales. En el tercer mito, se desconoce que la diversidad cultural constituye una riqueza y un potencial para el desarrollo diversificado, pero a la vez integral de los pueblos.
De hecho, los anteriores mitos constituyen un obstáculo para la vigencia de la libertad cultural de los pueblos indígenas. Para la solución de esta problemática que permita el desarrollo de los millones de personas que conforman los pueblos indígenas en todo el mundo, entre ellos el nuestro, existen varias propuestas que de manera sumaria son las siguientes: reconocimiento por parte de los Estados de las diferencias culturales; políticas que permiten y aseguren la participación política de grupos culturales diversos, con representación en los distintos órganos de gobierno (en este caso, vale la pena mencionar que un sólo diputado o diputada indígena que exprese un discurso en su lengua indígena y en español no constituye la solución del problema, sino, en muchos casos un acto demagógico).
Además de lo anterior, políticas sobre la diversidad y prácticas religiosas; políticas relativas al derecho consuetudinario y al pluralismo jurídico; políticas sobre el uso de múltiples lenguas; y políticas públicas para revertir de manera real la exclusión socioeconómica (también, conviene mencionar que lo anterior no se concretiza en programas asistenciales partidizados).
El conjunto de políticas anteriormente mencionadas constituyen políticas multiculturales que no sólo son convenientes, sino que también son factibles y necesarias, ya que los individuos tienen identidades múltiples y complejas, porque las culturas están lejos de ser estáticas, sino por el contrario se encuentran en una constante evolución. Si se admite que existen diferencias culturales, es posible lograr resultados mediante políticas multiculturales.
Los Estados en este inicio del siglo XXI están en condiciones de operar políticas públicas de reconocimiento a la diversidad cultural a través de mecanismos y medios que no son contradictorios con otros objetivos y estrategias de desarrollo humano. Estas políticas deben asegurar que los intereses de los pueblos indígenas, se trate de minorías o mayorías históricamente marginadas, no sean ignorados ni invalidados por la mayoría o por otros grupos dominantes, además de ir emparejados a la libertad cultural para salvaguardar la identidad de nuestros pueblos indígenas.
Una manera de coadyuvar a lo anterior, es que los congresos locales no soslayen ni manden a la “congeladora” las Iniciativas de Ley sobre la cultura y los derechos indígenas que constituyen una asignatura pendiente, un rezago legislativo que no debería ser.Recordemos que asegurando la libertad cultural de los pueblos indígenas estaremos impulsando políticas multiculturales que constituyen un indicador de las democracias ciudadanas, de las democracias modernas.
Publicado el día 5 de agosto en el suplemento cultural “La Valquiria” de Diario de Xalapa
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