En su primer informe sobre la tortura, en 1973, Amnistía Internacional manifestó que “la tortura prospera con el secretismo y la impunidad. Levanta cabeza cuando se eliminan las barreras jurídicas contra ella. Se alimenta de la discriminación y el miedo. Gana terreno cuando no es absoluta su condena oficial”.
Hoy, a treinta y dos años de aquel primer informe la situación no ha cambiado. De entre múltiples noticias nacionales e internacionales que diariamente nos hacen llegar las agencias especializadas, dos destacaron recientemente relacionadas por un hecho en común: la violación a los derechos humanos y en especial la aplicación de tortura. Pero al ser noticias que desde tiempo atrás han venido ocupando espacios ya pasaron, desgraciadamente, a formar parte de la cotidianidad mediática.
El pasado 31 de mayo Rosa Elvira Vargas de La Jornada, como otros comunicadores en sus medios, informó que “si bien ofende lo que ‘ha pasado’ en ciudad Juárez, por el asesinato de cientos de mujeres ‘tampoco es correcto estar refriteando sin información los mismos casos’ pues la mayoría de esos homicidios ‘están resueltos y los responsables están en la cárcel’, aseguró el presidente Vicente Fox”
La mayoría de los mexicanos consideró lo anterior como un agravio a la memoria de las víctimas asesinadas y que primero fueron torturadas, al considerar sus asesinatos como “normales”, aislados, sin relación entre sí, y casi como una invención, por lo que se produjo un debate.
De manera inmediata, de acuerdo a Víctor Ballinas, también de La Jornada, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, respondió al Presidente Fox: “Los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez no están resueltos, los responsables de esos asesinatos no están en la cárcel y no se ha hecho justicia; no se vale mentir, frivolizar ni medrar. El Presidente está mal informando cuando asegura que esos asesinatos ya están resueltos”.
Y este mismo mes, el día 8, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue notificado por la Corte de Apelaciones de Santiago de la decisión en la que se dispuso su desafuero para ser sometido a juicio por fraude en cuanto a sus cuentas bancarias secretas y de un segundo mandato a través del cual se revocó el proceso por su presunta responsabilidad en los crímenes de la famosa Operación Cóndor.
Tanto en el contexto internacional como chileno, la exoneración de Pinochet de los crímenes de la Operación Cóndor, plan represivo utilizado en los años 70 para eliminar a sus opositores políticos previas torturas, provocó indignación y reprobación.
Estos casos distantes temporal y geográficamente, pero cercanos en su significado e impacto nos hacen reflexionar sobre la tortura como una violación de los derechos humanos que en pleno siglo XXI persiste prácticamente en todas las latitudes a pesar de los esfuerzos de la ONU, ofendiendo a individuos, grupos, comunidades y pueblos enteros. Su práctica actual está ampliamente documentada por Amnistía Internacional.
La tortura siempre ha existido. Es la negación del convencimiento por medio de argumentos y de la comunicación, de la interacción civilizada. Se origina en el odio, tácito o explícito, y que provoca más odio, resentimiento, frustración y, a veces, deseos de venganza en las generaciones herederas de los torturados, en lo individual y en lo colectivo. La tortura es el producto de una relación de poder distorsionada, deformada, mal entendida: jefe-empleado, padre-hijo, esposo-esposa, grupos sociales radicados y grupos migrantes, conquistadores y conquistados, etc.
Desde una perspectiva política, la tortura es un instrumento para destruir, “quebrar” o “convencer” a personas y grupos, es una herramienta de represión; la sufren miembros de la oposición, grupos minoritarios nacionales, disidentes religiosos y sociales, defensores de los derechos humanos, líderes de grupos étnicos, prisioneros políticos, etc. También, la sufren criminales en manos de responsables de la aplicación de la ley en estados autoritarios.
Como es sabido, la tortura puede ser física o psicológica. En ocasiones se aplican ambas, causando terror y dejando marcados de por vida a quien la recibe, en lo individual o grupos completos. La física puede abarcar golpes, toques eléctricos, sofocación, extracción de uñas y dientes, quemaduras, golpes en las plantas de los pies, suspensión de los brazos o piernas. La psicológica puede ser la participación u observación en la tortura de otros, privación del sueño, falta de contacto social, simulación de ejecución, etcétera.
Después de un largo proceso de toma de conciencia a lo largo de la historia, la tortura quedó incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 donde se dispone que “nadie será sometido a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. Pero fue hasta el 10 de diciembre de 1984 que la ONU adoptó en su Asamblea General, resolución 39/46, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, entrando en vigor el 26 de junio de 1987. El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de la ONU proclamó el 26 de junio de cada año como el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Pero a pesar de los esfuerzos de la ONU, de la Convención a las que nos hemos referido, de los trabajos relevantes de Amnistía Internacional, de nuestra Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, este lastre sigue existiendo.
Precisamente, en su artículo 1, la Convención establece que se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otras personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con un consentimiento o aquiescencia . No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
La anterior definición es criticada porque se afirma que para la Convención existe una identidad conceptual entre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos degradantes y la diferencia sólo es de grado entre cada una de las penas que se imponen según la intensidad del dolor físico o del que se causa. En la misma Convención se estableció un Comité Contra la Tortura y se debe mencionar también la Corte Internacional Penal.
Ante el recrudecimiento de la tortura en estos tiempos de crisis sociales y guerras es pertinente señalar las posibles causas que han propiciado su retorno. En primer lugar se debe mencionar la aparición o reaparición de Estados totalitarios; otro motivo es la necesidad de información rápida y confidencial en al marco de las guerras o enfrentamientos entre diferentes países; y el terrorismo, que a la vez se vincula con los dos anteriores.
Pero hay otros espacios donde persiste la tortura sicológica: el hogar y el aula, donde se reproducen esquemas de interrelaciones e interacciones que provocan actitudes, expresiones y comportamientos que constituyen verdaderas manifestaciones de tortura y que promueven resentimientos, complejos, frustraciones, etc. Se puede agregar una o corriente o tipo de cine que tiene a la tortura como eje: el cine gore, para muchos “cine de arte” altamente cuestionado por la influencia que ejerce en la juventud.
Este lastre se debe prevenir en lo individual y en lo colectivo, pues su existencia en pleno siglo XXI representa un retroceso de la humanidad. Se debe generar una cultura de prevención de la tortura que comprenda medidas de carácter jurídico, político, administrativo, educativo y cultural y se debe procurar una interrelación e interacción respetando los derechos humanos de quienes integran nuestro entorno inmediato: familia, escuela y trabajo, lo que implica evitar la violencia intrafamiliar, establecer una relación adecuada padres-hijos, maestro-alumno y una vinculación adecuada con nuestros compañeros de trabajo.
El próximo domingo 26, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, hagamos nuestras las palabras pronunciadas por Kofi Annan, Secretario General de la ONU, el año pasado: “El Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura es una ocasión para que el mundo reafirme que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son inaceptables y no pueden ser tolerados. Es un día para renovar nuestro compromiso o denunciar tales actos y buscar justicia para las víctimas de la tortura. Por encima de todo, es un día para que los Gobiernos se pregunten a sí mismos si están haciendo lo suficiente para prevenir actos de tortura, asistir a las víctimas, castigar a los perpetradores y asegurar que dichos actos no se repitan”.
Hoy, a treinta y dos años de aquel primer informe la situación no ha cambiado. De entre múltiples noticias nacionales e internacionales que diariamente nos hacen llegar las agencias especializadas, dos destacaron recientemente relacionadas por un hecho en común: la violación a los derechos humanos y en especial la aplicación de tortura. Pero al ser noticias que desde tiempo atrás han venido ocupando espacios ya pasaron, desgraciadamente, a formar parte de la cotidianidad mediática.
El pasado 31 de mayo Rosa Elvira Vargas de La Jornada, como otros comunicadores en sus medios, informó que “si bien ofende lo que ‘ha pasado’ en ciudad Juárez, por el asesinato de cientos de mujeres ‘tampoco es correcto estar refriteando sin información los mismos casos’ pues la mayoría de esos homicidios ‘están resueltos y los responsables están en la cárcel’, aseguró el presidente Vicente Fox”
La mayoría de los mexicanos consideró lo anterior como un agravio a la memoria de las víctimas asesinadas y que primero fueron torturadas, al considerar sus asesinatos como “normales”, aislados, sin relación entre sí, y casi como una invención, por lo que se produjo un debate.
De manera inmediata, de acuerdo a Víctor Ballinas, también de La Jornada, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, respondió al Presidente Fox: “Los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez no están resueltos, los responsables de esos asesinatos no están en la cárcel y no se ha hecho justicia; no se vale mentir, frivolizar ni medrar. El Presidente está mal informando cuando asegura que esos asesinatos ya están resueltos”.
Y este mismo mes, el día 8, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue notificado por la Corte de Apelaciones de Santiago de la decisión en la que se dispuso su desafuero para ser sometido a juicio por fraude en cuanto a sus cuentas bancarias secretas y de un segundo mandato a través del cual se revocó el proceso por su presunta responsabilidad en los crímenes de la famosa Operación Cóndor.
Tanto en el contexto internacional como chileno, la exoneración de Pinochet de los crímenes de la Operación Cóndor, plan represivo utilizado en los años 70 para eliminar a sus opositores políticos previas torturas, provocó indignación y reprobación.
Estos casos distantes temporal y geográficamente, pero cercanos en su significado e impacto nos hacen reflexionar sobre la tortura como una violación de los derechos humanos que en pleno siglo XXI persiste prácticamente en todas las latitudes a pesar de los esfuerzos de la ONU, ofendiendo a individuos, grupos, comunidades y pueblos enteros. Su práctica actual está ampliamente documentada por Amnistía Internacional.
La tortura siempre ha existido. Es la negación del convencimiento por medio de argumentos y de la comunicación, de la interacción civilizada. Se origina en el odio, tácito o explícito, y que provoca más odio, resentimiento, frustración y, a veces, deseos de venganza en las generaciones herederas de los torturados, en lo individual y en lo colectivo. La tortura es el producto de una relación de poder distorsionada, deformada, mal entendida: jefe-empleado, padre-hijo, esposo-esposa, grupos sociales radicados y grupos migrantes, conquistadores y conquistados, etc.
Desde una perspectiva política, la tortura es un instrumento para destruir, “quebrar” o “convencer” a personas y grupos, es una herramienta de represión; la sufren miembros de la oposición, grupos minoritarios nacionales, disidentes religiosos y sociales, defensores de los derechos humanos, líderes de grupos étnicos, prisioneros políticos, etc. También, la sufren criminales en manos de responsables de la aplicación de la ley en estados autoritarios.
Como es sabido, la tortura puede ser física o psicológica. En ocasiones se aplican ambas, causando terror y dejando marcados de por vida a quien la recibe, en lo individual o grupos completos. La física puede abarcar golpes, toques eléctricos, sofocación, extracción de uñas y dientes, quemaduras, golpes en las plantas de los pies, suspensión de los brazos o piernas. La psicológica puede ser la participación u observación en la tortura de otros, privación del sueño, falta de contacto social, simulación de ejecución, etcétera.
Después de un largo proceso de toma de conciencia a lo largo de la historia, la tortura quedó incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 donde se dispone que “nadie será sometido a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. Pero fue hasta el 10 de diciembre de 1984 que la ONU adoptó en su Asamblea General, resolución 39/46, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, entrando en vigor el 26 de junio de 1987. El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de la ONU proclamó el 26 de junio de cada año como el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Pero a pesar de los esfuerzos de la ONU, de la Convención a las que nos hemos referido, de los trabajos relevantes de Amnistía Internacional, de nuestra Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, este lastre sigue existiendo.
Precisamente, en su artículo 1, la Convención establece que se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otras personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con un consentimiento o aquiescencia . No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
La anterior definición es criticada porque se afirma que para la Convención existe una identidad conceptual entre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos degradantes y la diferencia sólo es de grado entre cada una de las penas que se imponen según la intensidad del dolor físico o del que se causa. En la misma Convención se estableció un Comité Contra la Tortura y se debe mencionar también la Corte Internacional Penal.
Ante el recrudecimiento de la tortura en estos tiempos de crisis sociales y guerras es pertinente señalar las posibles causas que han propiciado su retorno. En primer lugar se debe mencionar la aparición o reaparición de Estados totalitarios; otro motivo es la necesidad de información rápida y confidencial en al marco de las guerras o enfrentamientos entre diferentes países; y el terrorismo, que a la vez se vincula con los dos anteriores.
Pero hay otros espacios donde persiste la tortura sicológica: el hogar y el aula, donde se reproducen esquemas de interrelaciones e interacciones que provocan actitudes, expresiones y comportamientos que constituyen verdaderas manifestaciones de tortura y que promueven resentimientos, complejos, frustraciones, etc. Se puede agregar una o corriente o tipo de cine que tiene a la tortura como eje: el cine gore, para muchos “cine de arte” altamente cuestionado por la influencia que ejerce en la juventud.
Este lastre se debe prevenir en lo individual y en lo colectivo, pues su existencia en pleno siglo XXI representa un retroceso de la humanidad. Se debe generar una cultura de prevención de la tortura que comprenda medidas de carácter jurídico, político, administrativo, educativo y cultural y se debe procurar una interrelación e interacción respetando los derechos humanos de quienes integran nuestro entorno inmediato: familia, escuela y trabajo, lo que implica evitar la violencia intrafamiliar, establecer una relación adecuada padres-hijos, maestro-alumno y una vinculación adecuada con nuestros compañeros de trabajo.
El próximo domingo 26, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, hagamos nuestras las palabras pronunciadas por Kofi Annan, Secretario General de la ONU, el año pasado: “El Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura es una ocasión para que el mundo reafirme que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son inaceptables y no pueden ser tolerados. Es un día para renovar nuestro compromiso o denunciar tales actos y buscar justicia para las víctimas de la tortura. Por encima de todo, es un día para que los Gobiernos se pregunten a sí mismos si están haciendo lo suficiente para prevenir actos de tortura, asistir a las víctimas, castigar a los perpetradores y asegurar que dichos actos no se repitan”.
Para finalizar, pensemos en lo que Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional anota en el prólogo al Informe 2005 El estado de los derechos humanos en el mundo, cuya lectura recomendamos ampliamente: “La tortura es ilegítima y moralmente condenable. Deshumaniza tanto a quienes la sufren como a quien la practica. Representa la máxima corrupción humana. Si la comunidad internacional permite la erosión de este pilar fundamental no puede esperar salvar los demás”.
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