Se puede afirmar que la mayoría de los países de América Latina satisfacen una definición mínima de la democracia, entre ellos México y, al interior de él, las entidades federativas que lo integran. Al respecto se puede considerar dos indicadores: celebración periódica de elecciones manejadas por instituciones creadas para ello y que constituyen un garante, al menos en teoría, siendo respetadas las soluciones de las controversias que surgen en los procesos electorales. Por otra parte, los actores políticos afirman y confirman derechos políticos fundamentales: libertad de expresión, opinión, asociación, acceso a medios; también se afirma la supremacía en los poderes constitucionales sobre los fácticos, y otros elementos más.
Pero agregado a lo anterior, también se puede afirmar que la percepción general es la variación de intensidad y efectividad con que se cumple lo anterior. Respecto al primer indicador, se puede decir que estamos ante una democracia electoral, pues la cultura política que prevalece es la creencia que la participación política se reduce a emitir nuestro voto el día de las elecciones, y no a participar en diversos procesos que nos harán pasar a otros niveles de democracia.
En cuanto al segundo aspecto, la evaluación social sobre el rendimiento de las instituciones es crítica, poniendo en duda la capacidad de ellas para enfrentar los problemas inherentes al desarrollo, desigualdad e inseguridad. Es decir, estamos hablando de instituciones débiles, no fortalecidas en su imagen de capacidad y funcionalidad ante la ciudadanía, los electores, el pueblo.
La evaluación social que mencionamos anteriormente se da intensamente antes y después de todo proceso político relevante, de manera formal e informal, tanto en instituciones académicas, de gobierno o privadas, como en el pasillo, el café, la banqueta, centros de reunión. Es el momento crítico en que las instituciones son evaluadas y el impacto del cumplimiento de sus objetivos y metas puestas a debate.
En este momento es cuando se habla de crisis económica, desempleo, corrupción y pobreza. Pero también de falta de legitimidad, un Estado de Derecho anémico, débil impartición de justicia. Otro aspecto cuestionado es la falta de respeto a los derechos humanos de las etnias, los niños y los adultos en plenitud.
Y es precisamente en estos momentos en cualquier país del mundo, de América Latina o en el nuestro, que las instituciones tienen que motivar la confianza política hacia ellas, para tener credibilidad y contribuir de esta manera a construir, también, el consenso que se requiere para que permanezca intacta la gobernabilidad. De otra manera, se generará un Estado de baja capacidad, con falta de credibilidad pues no hay confianza política en sus instituciones, que muchas veces resultan inferiores operacionalmente.
Las instituciones políticas se han creado a través de la historia del Estado para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y luchas de los ciudadanos y la sociedad. Las instituciones políticas son establecidas para satisfacer objetivos específicos con los cuales se identifican los ciudadanos y, por consiguiente, surge también una identificación con ellas, con su estructura, operación, evaluación, avances y logros.
Cuando surge la identificación entre una institución política y el ciudadano, éste se la “apropia”, haciendo suyos sus objetivos, programas y logros, surgiendo la confianza como resultado de un proceso de respaldo, solidaridad y coparticipación ciudadana.
La confianza política es una relación que se da entre la sociedad y las instituciones políticas y que genera seguridad en los objetivos de éstas y coadyuva a la colaboración y cooperación, lo que se traduce a la vez en su consolidación, en una primera fase y su fortalecimiento en una segunda etapa.
Una institución política construye confianza hacia ella en dos fases. Primero, cuando es fundada y establece políticas, programas o acciones que dan respuestas inmediatas a nuevas realidades o escenarios que se están construyendo y que suplirán a otros; y segundo, cuando sus resultados iniciales se valúan junto con su estructura, funcionamiento, etc.; es la etapa de la consolidación, del fortalecimiento.
La construcción de la confianza política pasa por el acceso a la información, la transparencia, el control, la desburocratización, la participación ciudadana en la toma de decisiones, etc.
Como ya lo mencionamos en nuestra entrega del 18 de julio de 2004, dos elementos integran la confianza política: el ciudadano que confía y la institución en que se confía. Entre estos dos elementos surge una relación que culmina cuando el ciudadano cree en un futuro viable a través de la institución en que confía y, así, la espalda, protege, por que de ella depende su porvenir, directa o indirectamente: seguridad, educación, bienestar, etc.
Si por el contrario hay desconfianza, el ciudadano rechazará, combatirá a las instituciones y a sus representantes o titulares.
Una institución política fortalecida es aquella que tiene la confianza de la sociedad y de ella surgirá como consecuencia la credibilidad, que es la seguridad que la confianza otorga en los objetivos o funciones de una institución. La confianza permite que el ciudadano transite hacia la credibilidad. La credibilidad genera más credibilidad a la vez y mayor confianza en un sistema político. Aquí la participación de los medios es altamente significativa. La credibilidad política se da cuando un ciudadano confía o considera que los objetivos, programas y estructura de una institución son verdaderos.
Así, un ciudadano al tener confianza en una institución, le otorga credibilidad, por que cree en ella y toma como verdaderos sus objetivos, sus metas. De lo contrario el sector social en que se vincula la institución no le otorga credibilidad, o al perderle confianza no cree en ella. No cree en la verdad de sus programas, acciones y de los actores políticos vinculados a ella.
Para Niklas Luhmann es un mecanismo reductor de la complejidad social, que permite una mayor acción del sistema político y deviene cooperación, convivencia y productividad. Todo sistema político democrático requiere de la confianza en la medida en que tiene que asegurar a la sociedad un futuro reducido en su complejidad y alejado de la incertidumbre y del escepticismo.
La confianza y la credibilidad política se pueden abordar desde diversas dimensiones y tomando diversas teorías, pero indistintamente se vincula a la legitimidad, a la gobernabilidad y a la construcción de consensos.
La confianza y la credibilidad resultan indicadores de la legitimidad, pues le otorga a las instituciones la categoría de ser las mejores, las verdaderas para resolver las necesidades y enfrentar nuevos escenarios. Al mismo tiempo, si las instituciones cuentan con la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, podrán funcionar eficazmente, coadyuvando a la gobernabilidad.
En cuanto al consenso, la confianza y la credibilidad resultan factores fundamentales para construir conciencias en objetivos, programas y acciones de las instituciones políticas. La confianza y la credibilidad generan cooperación, refuerzan el sistema político, y coadyuvan a superar etapas de enfrentamientos, de choques. Si no hay confianza y credibilidad en las instituciones políticas no habrá consenso en torno al Estado.
Además de lo anterior, o en conjunción con ello, la confianza y la credibilidad hacen que la incertidumbre que provoca el desencanto político ante los partidos y algunas instituciones se supere y la ciudadanía refuerce sus vínculos y las conexiones del tejido social y político que requiere toda sociedad para alcanzar mejores niveles de vida y de cambios que en el presente siglo resultan urgentes.
Al inicio de estas líneas mencionábamos que la evaluación social de las instituciones sucede después de procesos políticos relevantes, momento en que los actores políticos tienen que reconstruir la confianza política que muchas veces se encuentra deteriorada porque es algo vulnerable y como ya se dijo, de ella y de otros factores dependen la credibilidad en los sistemas políticos.
De manera contraria, la desconfianza y la carencia de credibilidad en las instituciones harán que se presenten escenarios políticos de conflicto, choque y antagonismo, que devienen escenarios de riesgo, lo que resulta grave para la estabilidad política y el equilibrio de fuerzas, es decir, la falta de consensos y de gobernabilidad conducirá al desorden, al caos y a una posible crisis.
Pero agregado a lo anterior, también se puede afirmar que la percepción general es la variación de intensidad y efectividad con que se cumple lo anterior. Respecto al primer indicador, se puede decir que estamos ante una democracia electoral, pues la cultura política que prevalece es la creencia que la participación política se reduce a emitir nuestro voto el día de las elecciones, y no a participar en diversos procesos que nos harán pasar a otros niveles de democracia.
En cuanto al segundo aspecto, la evaluación social sobre el rendimiento de las instituciones es crítica, poniendo en duda la capacidad de ellas para enfrentar los problemas inherentes al desarrollo, desigualdad e inseguridad. Es decir, estamos hablando de instituciones débiles, no fortalecidas en su imagen de capacidad y funcionalidad ante la ciudadanía, los electores, el pueblo.
La evaluación social que mencionamos anteriormente se da intensamente antes y después de todo proceso político relevante, de manera formal e informal, tanto en instituciones académicas, de gobierno o privadas, como en el pasillo, el café, la banqueta, centros de reunión. Es el momento crítico en que las instituciones son evaluadas y el impacto del cumplimiento de sus objetivos y metas puestas a debate.
En este momento es cuando se habla de crisis económica, desempleo, corrupción y pobreza. Pero también de falta de legitimidad, un Estado de Derecho anémico, débil impartición de justicia. Otro aspecto cuestionado es la falta de respeto a los derechos humanos de las etnias, los niños y los adultos en plenitud.
Y es precisamente en estos momentos en cualquier país del mundo, de América Latina o en el nuestro, que las instituciones tienen que motivar la confianza política hacia ellas, para tener credibilidad y contribuir de esta manera a construir, también, el consenso que se requiere para que permanezca intacta la gobernabilidad. De otra manera, se generará un Estado de baja capacidad, con falta de credibilidad pues no hay confianza política en sus instituciones, que muchas veces resultan inferiores operacionalmente.
Las instituciones políticas se han creado a través de la historia del Estado para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y luchas de los ciudadanos y la sociedad. Las instituciones políticas son establecidas para satisfacer objetivos específicos con los cuales se identifican los ciudadanos y, por consiguiente, surge también una identificación con ellas, con su estructura, operación, evaluación, avances y logros.
Cuando surge la identificación entre una institución política y el ciudadano, éste se la “apropia”, haciendo suyos sus objetivos, programas y logros, surgiendo la confianza como resultado de un proceso de respaldo, solidaridad y coparticipación ciudadana.
La confianza política es una relación que se da entre la sociedad y las instituciones políticas y que genera seguridad en los objetivos de éstas y coadyuva a la colaboración y cooperación, lo que se traduce a la vez en su consolidación, en una primera fase y su fortalecimiento en una segunda etapa.
Una institución política construye confianza hacia ella en dos fases. Primero, cuando es fundada y establece políticas, programas o acciones que dan respuestas inmediatas a nuevas realidades o escenarios que se están construyendo y que suplirán a otros; y segundo, cuando sus resultados iniciales se valúan junto con su estructura, funcionamiento, etc.; es la etapa de la consolidación, del fortalecimiento.
La construcción de la confianza política pasa por el acceso a la información, la transparencia, el control, la desburocratización, la participación ciudadana en la toma de decisiones, etc.
Como ya lo mencionamos en nuestra entrega del 18 de julio de 2004, dos elementos integran la confianza política: el ciudadano que confía y la institución en que se confía. Entre estos dos elementos surge una relación que culmina cuando el ciudadano cree en un futuro viable a través de la institución en que confía y, así, la espalda, protege, por que de ella depende su porvenir, directa o indirectamente: seguridad, educación, bienestar, etc.
Si por el contrario hay desconfianza, el ciudadano rechazará, combatirá a las instituciones y a sus representantes o titulares.
Una institución política fortalecida es aquella que tiene la confianza de la sociedad y de ella surgirá como consecuencia la credibilidad, que es la seguridad que la confianza otorga en los objetivos o funciones de una institución. La confianza permite que el ciudadano transite hacia la credibilidad. La credibilidad genera más credibilidad a la vez y mayor confianza en un sistema político. Aquí la participación de los medios es altamente significativa. La credibilidad política se da cuando un ciudadano confía o considera que los objetivos, programas y estructura de una institución son verdaderos.
Así, un ciudadano al tener confianza en una institución, le otorga credibilidad, por que cree en ella y toma como verdaderos sus objetivos, sus metas. De lo contrario el sector social en que se vincula la institución no le otorga credibilidad, o al perderle confianza no cree en ella. No cree en la verdad de sus programas, acciones y de los actores políticos vinculados a ella.
Para Niklas Luhmann es un mecanismo reductor de la complejidad social, que permite una mayor acción del sistema político y deviene cooperación, convivencia y productividad. Todo sistema político democrático requiere de la confianza en la medida en que tiene que asegurar a la sociedad un futuro reducido en su complejidad y alejado de la incertidumbre y del escepticismo.
La confianza y la credibilidad política se pueden abordar desde diversas dimensiones y tomando diversas teorías, pero indistintamente se vincula a la legitimidad, a la gobernabilidad y a la construcción de consensos.
La confianza y la credibilidad resultan indicadores de la legitimidad, pues le otorga a las instituciones la categoría de ser las mejores, las verdaderas para resolver las necesidades y enfrentar nuevos escenarios. Al mismo tiempo, si las instituciones cuentan con la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, podrán funcionar eficazmente, coadyuvando a la gobernabilidad.
En cuanto al consenso, la confianza y la credibilidad resultan factores fundamentales para construir conciencias en objetivos, programas y acciones de las instituciones políticas. La confianza y la credibilidad generan cooperación, refuerzan el sistema político, y coadyuvan a superar etapas de enfrentamientos, de choques. Si no hay confianza y credibilidad en las instituciones políticas no habrá consenso en torno al Estado.
Además de lo anterior, o en conjunción con ello, la confianza y la credibilidad hacen que la incertidumbre que provoca el desencanto político ante los partidos y algunas instituciones se supere y la ciudadanía refuerce sus vínculos y las conexiones del tejido social y político que requiere toda sociedad para alcanzar mejores niveles de vida y de cambios que en el presente siglo resultan urgentes.
Al inicio de estas líneas mencionábamos que la evaluación social de las instituciones sucede después de procesos políticos relevantes, momento en que los actores políticos tienen que reconstruir la confianza política que muchas veces se encuentra deteriorada porque es algo vulnerable y como ya se dijo, de ella y de otros factores dependen la credibilidad en los sistemas políticos.
De manera contraria, la desconfianza y la carencia de credibilidad en las instituciones harán que se presenten escenarios políticos de conflicto, choque y antagonismo, que devienen escenarios de riesgo, lo que resulta grave para la estabilidad política y el equilibrio de fuerzas, es decir, la falta de consensos y de gobernabilidad conducirá al desorden, al caos y a una posible crisis.
Así, una condición impredecible para que un Estado sea capaz de pasar de una democracia electoral a una democracia ciudadana y construir una equidad social es que sus instalaciones políticas cuenten con altos niveles de confianza y credibilidad, como factores para generar consensos y construir la gobernabilidad.
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