Instituciones fortalecidas y confianza política

Uno de los temas prioritarios de la agenda política actual es la transición a la democracia, mismo que implica muchos y variados aspectos. En el caso de América Latina y, concretamete, en México, este tópico resulta de sumo interés dada la alternancia política que actualmente se vive.
En veracruz, dado el proceso electoral que se encuentra en desarrollo actualmente surge obligadamente el tema de la fortaleza de las instituciones políticas y, sobretodo, la confianza de la cual deben gozar por parte de la sociedad, los encargados del proceso mencionado.
Resulta incuestionable que Veracruz requiere de instituciones públicas fuertes, sobre todo las que están vinculadas con el actual proceso electoral. De manera contraria, la transparencia de las próximas elecciones será cuestionada y el resultado fuertemente debatido.
Surgen así, necesariamente, dos temas a reflexionar: fortaleza de las instituciones políticas y la confianza política.
De acuerdo a Muerice Duverger, una institución se origina en roles o modelos de comportamiento que integran un conjunto o subsistema. También, de acuerdo a Famonet y Mauss la institución es “un conjunto de actos o ideas instituidos que los individuos encuentran ante sí y que de alguna manera se les impone”.
Las instituciones políticas son las relacionadas con el poder del Estado: la presidencia de la república, los ministerios o secretarías de estado, el parlamento, los tribunales supremos, serán de acuerdo a Duverger los principales. El conjunto de estas instituciones coforman un subsistema o régimen político.
Estas instituciones puede estudiarse desde dos perspectivas: en sí mismas como parte de un subsistema o régimen político y como parte de un sistema social que las condiciona, coordina y regula.
También, se puede afirmar desde una visión estrictamente teórica, que actualmete el concepto de “institución política” se ha ampliado y que comprende a las instituciones relativas al poder en una sociedad, grupo o colectividad.
Si partimos de la premisa de que las instituciones políticas conforman un régimen, también político, podemos asentar que son entes que necesariamente dan respuesta política e histórica a las aspiraciones, luchas y necesidades de los ciudadanos y sociedad en general.
Las instituciones políticas son generadas para satisfacer objetivos específicos con los cuales se indetifican los ciudadanos y, por lo tanto, surge también una identificación con ellas, con su estructura, operación, evolución, avances y logros.
Al surgir la identificación entre las instituciones políticas y el ciudadano, éste se “apropia” y la asume como suya, haciendo propios sus objetivos, programas y logros, surgiendo una confianza política como resultado de un proceso de legitimidad y credibilidad.
La confianza política es un mecanismo de relación que se construye entre la sociedad y una institución política y que genera creencia en sus objetivos y coadyuva a la convivencia, lo que se traduce en su consolidación en una primera fase y en otra en su fortalecimiento.
Una institución polítca fuerte es aquella que cuenta con la confianza de la sociedad, y esta confianza surge de la credibilidad en su estructura, procesos y resultados, y de su legitimidad que se origina, entre otros aspectos, en la creencia de que es la mejor para la colectividad en una determinada etapa histórica o espacio político. Por otra parte, la confianza política hace que su institución amplíe su autonomía formal, con la que cuenta por que así lo establece el decreto o estatuto por el cual fue creada y pasa a contar con ella, es decir con la solidaridad y apoyo de la sociedad, de los políticos, de los ciudadanos.
La confiana política hacia una institución se genera o construye en dos etapas: la primera, cuando es creada y establece políticas, programas o acciones que dan respuesta a una nueva realidad política, nuevas condiciones, nuevos acuerdos; y la segunda cuando sus primeros resultados se empiezan a evaluar: su estructura, funcionamiento, funcionarios, macanismos, etc. Esta etapa es de consolidación, de fortalecimiento, que a la vez genera cooperación de la sociedad civil organizada y de los partidos políticos.
Cuando una institución política se encuentra fortalecida por la confianza que construye, resiste cualquier mecanismo de control y verificación de resultados que se establezcan hacia ella.
Se puede afirmar que se integra por dos elementos: el ciudadano que confía y la institución en que se confía. Entre estos dos elementos surge una relación que culmina cuando el ciudadano cree en un futuro político, social, económico a través de la institución en que confía, y así la respalda, la protege, por que de ella depende su porvenir, directa o indirectamente: seguridad, educación, bienestar.
Lo anterior tiene como consecuencia el consenso en torno a las instituciones políticas, lo que permite que se fortalezcan y respondan a las espectativas que van generando en su desarrollo. La fortaleza de una institución política es el resultado de la confianza que en ella tiene la sociedad.
Para que las instituciones políticas constituyan una garantía política contra el poder del Estado, pero a la vez una garantía de éste contra la pulverización o atomización individualista, deben estar fortalecidas y no debilitadas.
Desde la perspectiva del pluralismo las instituciones políticas fortalecidas coadyuvan en la existecia de una autoridad equilibrada (Robert Dahl) y, por lo tanto, a un balance de poderes.
Pero si el pluralismo democrático implica contar con instituciones políticas fortalecidas, éstas a la vez requieren, como ya se mencionó anteriormente, la confianza que surge de la credibilidad en ellas, además de su legitimidad.
Sin embargo, existen instituciones políticas que no cuentan con los aspectos citados o bien los pierden, aunque su creación sea reciente, ya que son cuestionados en su estructura, funcionamiento y responsabilidad lo que da por resultado una desconfianza hacia ellas, la que a su vez genera un proceso de debilitamiento debido, entre otras causas, a las siguientes:
1. La subordinación de un poder a otro que se traduce en la carencia de capacidad para equilibrar los excesos de otros poderes. Ejemplo de lo anterior sucedió en nuestro país hasta hace poco con la sumisión de los poderes Legislativo y Judiacial al Ejecutivo. En estos momentos de alternancia política esta subordinación, a nivel federal, empieza a desaparecer dando lugar a un equilibrio dentro de un proceso político bastante complejo. En este marco podemos observar la sumisión de instituciones políticas que ostentan figuras de órganos autónomos se encuentran vinculados o en situación de dependencia hacia un poder, por lo regular al Ejecutivo.
2. La sobreburocratización a corto plazo, que motiva por lo menos cuatro problemas relevantes:
· Disfuncionalidad organizativa
· Complicidad entre el aparato administrativo y los grupos de interés político y económico o con los partidos políticos
· Respuestas tardadas y complicadas a reuqerimientos de la sociedad.
· Estructuras normativas y operativas centralizadas y rígidas
3. La falta de participación de la sociedad en los diseños y operaciones de sus programas y, lo que es más importante, en la toma de desiciones. Se trata de la carencia de una auténtica participación ciudadana, aunque en sus órganos de gobierno esté “representada” por delegados o consejeros partidistas, los cuales muchas veces son elegidos o designados arbitrariamente al interior de las organizaciones partidistas.
4. La falta de consenso en torno a su misma existencia, desarrollo y logro de respuestas o alcance de objetivos.
Todo lo anterior hace que las instituciones polítcas se debiliten y no respondan a las expectativas ciudadanas, lo que puede crear una crisis de confianza que, a su vez, generaría una crisis política de acuerdo al momento histórico que se esté viviendo.
Lo anterior significa que las instituciones políticas se enfrentan a contingencias, que en un régimen político son productos del antagonismo de los grupos de interés, la diversidad de valores sociales, del choque de partidos políticos, y de los conflictos que de ellos se derivan. Las contingencias ponen a prueba la fortaleza de las instituciones y del mismo régimen en cuanto a su capacidad de resolver lo imprevisto e inesperado y puede devenir crisis de gobierno o, incluso, de Estado. Tres ejemplos de contingencias políticas son: viloencia entre grupos de poder, fraude electoral y asesinato de actores políticos
Si las instituciones políticas son suficientemente fuertes ante una contingencia, coadyuvarán a:

1. Resolver los conflictos públicos a trevés de mecanismos políticos,
2. Conservar los consensos políticos existentes,
3. Generar nuevos consensos políticos,
4. Guardar el equilibrio de poderes constitucionales y de los grupos de poder,
5. Mantener la gobernabilidad, y
6. Preservar el Estado de derecho.

De esta manera, el sistema político no se alterará y las instituciones conservarán su fortaleza.
Así, respecto a las instituciones fortalecidas y la confianza política se puede llegar a las siguientes conclusiones:
1. Un régimen político cuyas instituciones son débiles tiene pocas posibilidades de evolucionar, por lo que se pueden presentar uno o varios de los siguientes escenarios:
· Falta de consensos políticos,
· Desequilibrio de poderes,
· Retorno al autoritarismo,
· Crisis de gobierno, y
· Crisis de Estado
Lo anterior conducirá a la desaparición del régimen democrático o en el caso de una alternancia política como la de México, que no se dé la consolidación de las instituciones políticas para llegar a la transición a la democracia.
2. Para lograr que un régimen democrático subsista o se dé la transición a la democracia se debe pugnar por instituciones políticas fortalecidas que tengan ciertas características , como las siguientes:
· Que estén respaldados por un consenso político amplio de la sociedad y que, a la vez, respeten el disenso.
· Que cuenten con capacidad para limitar y enfrentar el poder central del Estado
· Que no se necuentren subordinadas al poder central o a determinado grupo de interés político y económico o a un partido político
· Que su estructura sea mínima, a fin de evitar la sobreburocratización
· Que sus programas y acciones se descentralicen a fin de regionalizar sus respuestas a las expectativas cuidadanas.
Si se logran los aspectos anteriores, entre otros, las instituciones políticas estarán fortalecidas y habrán de coadyuvar a la sobrevivencia de la democracia o al peoceso para llegar a ella.

En el actual proceso electoral de Veracruz ¿qué instituciones políticas están debidamente fortalecidas? y ¿en cuáles está en debate su credibilidad por no gozar de confianza política?

Enseñanza de la historia...¿para qué?

A partir de que el subsecretario de Educación Básica y Normal de la secretaría de Educación Pública (SEP), Lorenzo Gómez Marín, dio a conocer en los primeros días de junio, la reforma al programa de la educación secundaria que empezará a operar en 2005, la supresión de enseñanza de la historia, geografía y civismo como materias básicas en la formación de miles de mexicanos entró a debate en la agenda política de nuestro país, rebasando el ámbito meramente educativo.

Lo anterior trajo a nuestra mente los recuerdos de nuestro paso por la primaria y secundaria y nos hizo recordar diversos aspectos de la enseñanza de la historia y civismo por un lado y, por otro, de la geografía, y a veces de las tres materias de manera integral. En primer lugar, recordamos a los maestros que en la primaria correspondió impartir esas materias, junto con otras del currículo vigente en los años sesenta y setenta. Por otra parte, también recordamos a los maestros que, cuando cursamos la secundaria, de manera aislada nos enseñaron cada una de esas materias. En la primaria todos los mexicanos hemos contado con los mismos libros de texto. Después en la secundaria no sucedió lo mismo, hoy sí en algunos casos, en otros no, aunque el programa sea el mismo.

Después de recordar a nuestros maestros y de escuchar y leer diversos aspectos del debate que ocupa a la SEP y a historiadores distinguidos, pero no a otros actores que deberían participar, vienen a nuestra mente aspectos que recordamos y que han quedado grabados en nuestra memoria y, con toda seguridad, en el imaginario colectivo de todos los mexicanos, y que han coadyuvado a conformar nuestra identidad como tales.

Creo que todos recordamos, a veces con tintes de leyenda y otros como un pasaje histórico verídico, otros más como hechos dignos de enorgullecernos: la fundación de Tenochtitlan, la huída de Quetzacóaltl, el encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés, la quema de los pies de Cuauhtémoc, el grito de Independencia, la llegada y fusilamiento de Maximiliano, la infancia y pérdida de los borregos de Benito Juárez, la invasión a Estados Unidos por Pancho Villa, la expropiación petrolera y tantos más, que de niños y adolescentes nos hacían vibrar llenos de un nacionalismo incipiente y más si se trataba de representar algún pasaje en un montaje teatral de fin de cursos u otra fiesta escolar.

Pero más allá de los buenos recuerdos infantiles y de adolescentes y de lo meramente académico, la propuesta de la SEP nos obliga a reflexionar a todos los mexicanos, seamos simples ciudadanos, maestros, padres de familia o autoridades relacionados con el ámbito educativo, pues siempre la enseñanza de la historia como elemento primordial para la formación de la identidad nacional conlleva diversos aspectos que se tienen que analizar de manera responsable y objetiva. Entre estos aspectos destacan cuatro: su inclusión en el currículo del nivel básico, su contenido y su enseñanza; el fondo ideológico que implica el enfoque de su contenido; como elemento primordial de la memoria colectiva que se vincula a la subsistencia del Estado y la formación de una identidad nacional; y, las nuevas circunstancias políticas, sociales y teóricas que prevalecen en este nuevo siglo. Desde luego, estos aspectos se encuentran vinculados y no son los únicos.

En cuanto al primero, ha existido consenso en relación a la inclusión de la enseñanza de la historia en cualquier currículo del nivel básico, antes la primaria elemental y superior, y después en la secundaria. Lo que se ha discutido es el contenido y los materiales correspondientes, así como la idoneidad de los docentes para su enseñanza, pues la didáctica de la historia se desarrolla sistemáticamente a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

En la primaria siempre ha sido el maestro de cada grado el encargado de la enseñanza de la historia, de la geografía y del civismo, así como de Español o Lenguaje, de las matemáticas, ciencias naturales y otras materias. Por otra parte, cuando se fundan las llamadas escuelas normales superiores surge la especialidad en historia, hoy Ciencias Sociales, de lo cual se deriva la licenciatura correspondiente. Pero también, desde siempre y hasta nuestros días abundan docentes encargados de la enseñanza de la historia cuyo origen profesional es diverso y no adecuado. Por nuestra parte en la secundaria, contamos con maestros de historia que eran licenciados en derecho (uno de ellos con una simple pasantía hasta hoy, creo) y uno licenciado en letras (titulado en su área, ameno como declamador, pero no como historiador).

Otro aspecto importante de la enseñanza de la historia es su marco ideológico, que responde al Estado y al sistema político que rige en diversas etapas históricas. Esto no es privativo de la historia como materia escolar y su enseñanza, sino de todo el sistema educativo, el cual constituye una de las principales expresiones ideológicas del Estado, de tal manera que el contenido de la materia justificará o debe justificarlo. A un Estado autoritario corresponderá la enseñanza de una historia sesgada, parcial, tendenciosa; a un Estado democrático corresponderá una historia apegada a la realidad, amplia, abierta y que registre el origen y la evolución de todos los movimientos sociales y políticos, sin borrar o matizar hechos o hitos que cambiaron el rumbo de la nación.

Lo anterior se vincula al siguiente aspecto: el Estado como organización total y acabada de la sociedad requiere de una historia (y de su enseñanza) que lo justifique, fortalezca y proyecte, que penetre en el imaginario colectivo del pueblo y coadyuve a la formación de una identidad nacional. De este aspecto se ha debatido mucho y de ello se han a encargado expertos con diferentes posiciones ideológicas y políticas y las autoridades educativas en turno, que siempre han buscado contar con una historia nacional a la medida o al gusto del mandatario en poder, “limpiando” lo que no debe quedar registrado, como el movimiento del 68 o el movimiento Zapatista de Marcos, o bien incluyéndolo como una concesión, pero matizada y minimizada.

En cuanto a las nuevas circunstancias o elementos políticos, económicos y teóricos podemos mencionar tres: la alternancia política que vive el país y que se refleja forzosamente en autoridades educativas con una nueva ideología y la correspondiente búsqueda de un nuevo marco histórico; la globalización y su avasallante impacto en la caída de fronteras culturales y la distorsión de las identidades nacionales; y el surgimiento del multiculturalismo como soporte para pugnar por la conservación de las identidades regionales y nacionales.

De ninguna manera nos debe sorprender esta embestida de las autoridades de la SEP contra la historia y su enseñanza. Este ataque se inició cuando se implantó el águila mocha que hoy nos parece natural, y que continúa hoy con la supresión de la historia prehispánica y hasta la anterior el siglo XV, pero que seguramente continuará hasta cambiar o distorsionar la historia contemporánea de nuestro país. Recuérdese que la propuesta incluye integrar a los contenidos de la materia el triunfo de Fox, los “cambios” hasta el momento y sus “logros”.

Ante todo lo anterior, estamos de acuerdo con lo expresado por Miguel León- Portilla (La Jornada, 22.Vi.04) cuando manifiesta que “los mexicanos hemos construido nuestra identidad a partir de un doble y muy rico legado cultural. Por una parte está el de los pueblos originarios, en especial los mesoamericanos, abarca éste el arte y el saber de los olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecas, mixtecas, toltecas y mexicas. Desconocer este legado es desentendernos de las raíces milenarias que dan sustento al ser del país. Este legado histórico se estudia y admira en múltiples centros de investigación en países de Europa, América y aun en otros como Japón.

“Por otra parte, está la herencia de la civilización del Mediterráneo, que se forjó a partir de Egipto y Mesopotamia, y se enriqueció grandemente en Grecia y Roma hasta implantarse en España. Este legado nos relaciona con otros muchos pueblos, primeramente con los de América Latina y la península Ibérica, y así mismo con los de toda Europa y otros. En tanto que la rica herencia mesoamericana nos mueve a apreciar a los millones de indígenas contemporáneos y escuchar sus demandas, la procedente de la civilización mediterránea favorece nuestro diálogo con gente de numerosos países.

“Siendo ésta una verdad innegable, ¿se intenta ahora privar a los adolescentes que cursan la educación secundaria de la posibilidad de ahondar en lo que son sus raíces históricas?”

Y decimos que no nos debe sorprender esta propuesta porque las autoridades educativas no pueden dejar pasar esta oportunidad para introducir en el sistema educativo “su historia”, cuyo esquema responde al socavamiento de la identidad nacional como lo dijera Josefina Zoraida Vázquez (La Jornada, 23 VI 04) cuya conformación se inicia en la primaria y se fortalece en la secundaria. Esto constituye una respuesta equivocada a la globalización y al debilitamiento de las entidades nacionales a corto y mediano plazo. Un ejemplo: el elemento general que aparece como parte de la identidad nacional que conservan los migrantes mexicanos en Estados Unidos son los recuerdos de la historia de México que aprendieran en la primaria y secundaria (la doctora Lourdes Arizpe cuenta con un gran trabajo al respecto).

Más que suprimir la historia prehispánica y la que antecede al siglo XV de la llamada historia universal del currículo de la secundaria (5.6 millones de alumnos y 300 mil docentes, aproximadamente), Gómez Marín debería pugnar, de acuerdo al multiculturalismo, porque se fortalezca la historia nacional y los regionales, haciendo partícipes de su propuesta a padres de familia, maestros, historiadores y todos los sectores sociales.

Los argumentos de Gómez Marín (enciclopedismo, memorización y amplitud sin concreción, falta de profundidad) resultan endebles, porque lo que convendría entonces sería una revisión de contenidos que datan de 1993 y las modificaciones correspondientes, es decir, una reforma con la participación de todos los ciudadanos y no una imposición vertical y no consensuada.

Sabemos que el debate continuará, por cierto qué pasará al conocerse el nuevo tratamiento del Civismo y la ética en el tercer grado de secundaria, por lo que trasladándolo a nuestra entidad, nos preguntamos qué opinan los veracruzanos de todo ello, concretamente las autoridades educativas, los sindicatos magisteriales, instituciones como las Universidades Pedagógica Nacional y Pedagógica Veracruzana, la escuela de Historia de la Universidad Veracruzana, las academias de maestros de historia de las secundarias, la delegación veracruzana de la Academia Mexicana de la Educación ¿lo habrán analizado al interior? ¿tendrán un criterio definido y una propuesta concreta? ¿entrarán al debate o serán meros observadores con una opinión “reservada”, “muy personal”, “particular, no oficial”.

Hacia un nuevo debate sobre la cultura

Dos hechos nos hacen reflexionar sobre el debate que en torno a la cultura se realiza en estos momentos. Uno de ellos lejano geográficamente y otro cercano. Los dos nos incumben como ciudadanos preocupados por el que hacer cultural. Uno es el Forum Universal de las Culturas 2004, que se efectúa en Barcelona desde el pasado 9 de marzo y hasta el próximo 9 de septiembre. El segundo, son las propuestas culturales de los candidatos a la gubernatura, si es que las tienen formalmente elaboradas.

Lo anterior significa que el asunto de la cultura debe entrar a debate, no únicamente entre los creadores y los que están involucrados directamente con su promoción, difusión y administración sino entre cualquier grupo de ciudadanos interesados en la vida pública, en la identidad nacional y en el desarrollo integral de los veracruzanos.

Pero debatir sobre la cultura, implica no solamente interés, sino también otros elementos que nos conduzcan a conclusiones válidas y a propuestas de solución a situaciones que nos parezcan anómalas o deficientes. Es decir, un debate serio y responsable sobre la cultura nos obliga a ser objetivos y a despojarnos de prejuicios que nos hagan caer en diatribas y eliminaciones y ha ocupar páginas completas en ataques que no incluyen análisis racionales ni propuestas viables. En esta ocasión presentamos 10 premisas que se deben considerar para debatir la cultura y no caer en un simple intercambio de opiniones o en ocurrencias y preferencias personales.

1. Mas allá de visiones históricas, antropológicas, sociológicas y de todo tipo la cultura debe conceptualizarse como un derecho fundamental del hombre y, concretamente, como un derecho social que debe ser respetado y satisfecho por el Estado, partiendo y considerando las propuestas de la comunidad cultural y de la sociedad en general.

Recordemos que el derecho a la cultura propicia el pleno desarrollo de la personalidad del ser humano y el sentido de su dignidad, favoreciendo la comprensión, tolerancia, amistad y paz entre los individuos y entre los pueblos.

2. Otro aspecto a considerar es la normatividad que regula toda actividad cultural del gobierno y de sus instituciones. Esto comprende el marco jurídico: leyes, decretos, reglamentos y, en general, otros documentos como convenios o estatutos. Muchas veces una ley o reglamento es rebasado en su contenido por la actividad misma que regula o resulta inadecuada en un momento dado. De ahí la importancia de analizar el marco jurídico que da sustento a las instituciones culturales y de promover su actualización. De este análisis se derivará otro en torno a las instituciones encargadas de promover y difundir la cultura y el quehacer artístico: cumplimiento de sus objetivos, alcance de sus acciones, omisión de este aspecto en otras que lo deben realizar, etc.

3. Debemos diferenciar adecuadamente tres tipos de cultura que responden , también, a tres tipos de sociedad o gobierno: la cultura oficial, la cultura del poder y la cultura democrática.

La cultura oficial es aquella que justifica o está supeditada a una ideología; su promoción y difusión es unilateral y responde por lo regular a una etapa histórica de los pueblos; este tipo de política cultural responde a un gobierno autoritario y hegemónico, legitima el poder, por ejemplo el arte social.

La cultura del poder es la que satisface el “gusto” o las preferencias estéticas de quienes lo detentan. Esta cultura es impuesta de manera vertical y unilateral. Dos ejemplos de este tipo de actividad cultural del gobierno, como ya lo citamos en una entrega anterior, fue el folclor impulsado por doña Esther Zuno de Echeverria y la promoción de la orquesta filarmónica de doña Carmen Romano de López Portillo.

A diferencia de las anteriores, la cultura democrática es la que rescata y preserva el patrimonio cultural de los pueblos, en su mas amplia acepción, y considera las manifestaciones que surgen de la sociedad civil, así como las propuestas de grupos culturales independientes. Por otro parte, la cultura democrática respeta y promueve la diversidad cultural, que es su principal fundamento. Es aquella que equilibra la “cultura clásica” y la “cultura nacional”, aquella cuya promoción y difusión incluye a todos los grupos sociales, así como a los creadores sin restricción de origen, corrientes estéticas, etc.

4. Se debe considerar que la cultura constituye un factor esencial para el desarrollo integral del hombre y de la sociedad. De nada servirá que una comunidad cuente con los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje, alumbrado, etc) si no cuentan con satisfactores que propicien su desarrollo humano, la convivencia, el respeto, la comunicación, la preservación de la identidad. No se puede hablar del desarrollo integral de un pueblo si no se incluye la cultura.

5.Pero también la cultura debe ser tomada como un factor para procurar el desarrollo sustentable comunitario, el que protege los recursos ecológicos para las generaciones futuras. En este aspecto es necesario que la sustentabilidad se entienda como un concepto que rebasa lo meramente ecológico y llega a ser factor de la convivencia y de la seguridad de una vida con bienestar, pensando en el futuro y el derecho fundamental del hombre a tener asegurado un porvenir colectivo donde impere la paz y la democracia.

6. La actividad cultural oficial debe pasar a ser una política pública y no un simple programa, aunque se generen nuevas instituciones y estructuras. Para que la cultura sea una política pública las autoridades deben redimensionar su trascendencia, importancia y valor histórico y social.

La cultura como política pública debe tener como propósito fundamental satisfacer los derechos fundamentales del hombre y la colectividad, asegurar su acceso y participación en la vida cultural, el goce de las creaciones artísticas del pasado y del presente, disfrutar de los avances científicos para lograr un pleno desarrollo humano.

Cuando la cultura como actividad del gobierno esté al mismo nivel de importancia que las comunicaciones , el desarrollo agropecuario, la industria, en su ubicación en los organigramas oficiales, asignación presupuestal y su inclusión en los planes de desarrollo, podemos hablar de ella como una política pública. Esperamos que pronto, después de lo anterior; llegue a ser una política de Estado.

7. Un nuevo debate de la cultura debe partir, además, de un ineludible respeto a la diversidad cultural: diferente lengua, cosmovisión, religión, costumbres, ritos, etc. El reconocimiento de la diversidad cultural conlleva a una actitud de respeto, diálogo y convivencia entre iguales, y no se logra de manera mecánica e inmediata. Se vincula a la educación, pluralidad y apertura de criterios, constituyendo uno de los fundamentos de la democracia y conlleva la lucha contra la imposición de fanatismos y doctrinas excluyentes. Precisamente, el análisis de la diversidad cultural es el primero de los tres grandes ejes del Forum Barcelona 2004.

8. El actual debate sobre la cultura debe hacerse partiendo y aplicando nuevos paradigmas, categorías y conceptos que anteriormente no se consideraban. Un debate actualizado de la cultura debe considerar y pasar por el multiculturalismo, la sociedad de la información y el conocimiento, los medios de comunicación, la transculturalización, la contracultura, las nuevas tecnologías mediáticas, las industrias culturales, las culturas híbridas, la identidad nacional, etc.

9. La comunidad artística independiente de las instituciones oficiales, la que no recibe becas u otros apoyos cuenta hoy con una gran capacidad de organización, lo que hace que en su búsqueda de espacios, foros, medios, desborde los objetivos, planes y programas y tenga un público que la sigue y se solidarice con ella. Se trata de los creadores o comunidad cultural que generan lo que se puede llamar cultura alternativa. Su presencia se fortalece cada día más y sus propuestas muchas veces son ignoradas.

10. Debe analizarse cuidadosamente el discurso oficial de la cultura que por lo menos en lo inmediato se vincula al concepto de mercado cultural, considerado como la relación existente entre la oferta y la demanda de productos culturales, tanto externa como interna. ¿Qué productos culturales queremos vender y cuáles nos quieren comprar?. Ambos, el que se vende y el que nos compran pueden ser auténticos, representativos, originales, pero también pueden ser falsos, artificiales o meros remedos del auténtico folclor y la artesanía popular.

Las 10 premisas anteriores se vinculan, se cruzan, se complementan. Cada una de ellas nos puede llevar a trabajos amplios y minuciosos. Su aplicación en un debate serio y responsable de la cultura en mucho contribuirán a uno democrático.

Un nuevo debate sobre la cultura, implica un nuevo debate sobre la democracia serio y responsable, bajo una nueva visión y paradigmas actualizados, de lo contrario sería inadecuado y sesgado.