domingo, 15 de agosto de 2004

Ley estatal de derechos y cultura de los pueblos indígenas: asignatura pendiente

El pasado día nueve fue conmemorado el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas de acuerdo a lo establecido en 1994 por la Organización de las Naciones Unidas. Esta conmemoración surge en el marco del Decenio Internacional de la Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas del Mundo y alude a la fecha en 1982, en que se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
En la ONU, el programa de la conmemoración incluyó las declaraciones del Secretario General, del presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y muestras de culturas indígenas de diferentes latitudes.
En nuestro país, el gobierno federal realizó un acto con mujeres indígenas productoras donde se dieron a conocer los “avances” en la materia y también se celebraron algunas actividades como festivales artísticos, exposiciones y muestras artesanales, cuyos organizadores con la mejor fe –creemos- han de pensar que con estas acciones coadyuvarán a mejorar la situación de nuestras etnias.
Motivados por lo anterior y en relación con la situación actual de los pueblos indígenas, nos referimos en esta ocasión a tres aspectos: el lugar relevante que la cuestión indígena ha pasado a ocupar en la agenda política nacional, como resultado –desde luego- de las acciones del EZLN y, por ello, el tratamiento que recibe en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND); la Ley Federal de los Derechos y la Cultura Indígena; y la cuestión indígena en Veracruz. De otros aspectos y de estos mismos mucho se ha escrito y debatido.
En cuanto a La etnicidad en el México Contemporáneo, el PND señala que “en los últimos 30 años. La concepción de los mexicanos acerca de la cuestión étnica se ha modificado en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, hoy reconocemos que la relación entre la cultura y la identidad indígena no ocurre de manera mecánica y que, por tanto, los cambios culturales en una colectividad no necesariamente implican cambios de identidad. En segundo lugar, hemos dejado de pensar en la nación mexicana como algo culturalmente homogéneo y, de hecho, la heterogeneidad se manifiesta con mayor vigor. En tercer lugar, reconocemos que los indígenas existen como sujetos políticos, que representan sus intereses en cuanto miembros de etnias, y hoy existen organizaciones indígenas que influyen poderosamente en el ámbito público”.
Más adelante el mismo documento manifiesta que “el movimiento de 1994 elevó el problema indígena a la conciencia nacional, e hizo que las instituciones de gobierno, las organizaciones sociales y la sociedad en general participarán de manera más activa en la atención de los problemas de este importante sector de la población”.
Y termina este apartado del PND expresando que “es imperativo reconocer que la educación es la mejor manera de propiciar y fortalecer los cambios sociales que creen más o mejores oportunidades e incrementen las potencialidades de los mexicanos para alcanzar mejores niveles de vida”.
En parte estamos de acuerdo con los párrafos medulares que aquí se han citado, pero lo que no podemos admitir es que se estipule de manera categórica que la educación “...es la mejor manera de propiciar y fortalecer los cambios sociales“, ya que implica desconocer que otro gran factor para el desarrollo de los pueblos es el cambio o la evolución de las estructuras o sistemas económico, social y político. La educación por sí misma o de manera aislada, no puede ser conceptualizada actualmente como el único o mejor factor para el desarrollo de los pueblos. La educación como política pública o como acción pedagógica individual o colectiva está vinculada, necesariamente, a otros factores.
De qué serviría ampliar y modernizar el sistema educativo para los pueblos indígenas, si no reciben apoyo para satisfacer aspectos como salud, vivienda, empleo y derechos humanos, por citar únicamente algunos. La afirmación que nos ocupa es una falacia.
Más adelante, en el apartado Los grupos sociales marginados del PND se puede leer “los indígenas constituyen un grupo al que debe otorgarse atención especial en el planteamiento de las políticas sociales. Se trata de una población cercana a 10 millones de personas, cuyos derechos han sido insuficientemente reconocidos y que han vivido en condiciones de marginación muy notables”.
Aunado a lo anterior y derivado de lo que aquí hemos citado del PND, debemos mencionar como dos hitos de la política dirigida a los pueblos indígenas los siguientes: la desaparición del Instituto Nacional Indigenista, cuya labor fue siempre fuertemente cuestionada, y la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también se encuentra cuestionada en el logro de su objetivos inmediatos.
Otro hecho que debe recordarse es la aprobación el 25 de abril de 2001 por el Senado de la República, dentro de un fuerte debate político, partidista, jurídico y de corrientes teóricas, de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas (LDCI), a la que se le han señalado omisiones y desviaciones en cuanto al documento que le dio origen: la propuesta de Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
En Veracruz, la minuta de decreto de la LDCI fue recibida por el Congreso Local entre el 3 y 16 de mayo de 2001. Las reformas constitucionales fueron aprobadas por las Comisiones Unidas el día 22 del mismo mes. El dictamen fue aprobado por Francisco Montes de Oca, Ernesto Alarcón y Alicia González Cerecedo. Votaron en contra, Marcelo Ramírez y Joaquín Vivas.
Más tarde, la Cámara de Diputados aprobó, prácticamente sin debate, el dictamen con el que ratificó la Ley Bartlett – Fernández de Cevallos. A favor votaron en esa ocasión los diputados del PRI – con excepción del maestro Marcelo Ramírez – y PAN, mientras siete diputados del PRD, PT y PVEM votaron en contra y uno de CD se abstuvo. Todo lo anterior, a pesar de la protesta de organizaciones indígenas no gubernamentales, académicos, luchadores sociales, asociaciones civiles, etc.
A diez años de conmemorarse el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas nos parece adecuado que la delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hubiera informado de sus avances y logros y de la situación actual de las etnias en Veracruz. Esto de manera pública, no por vías o mecanismos a los que únicamente tienen acceso un reducido número de ciudadanos.
También, hubiera sido conveniente que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura Local hubiera externado alguna opinión o análisis en torno a las etnias en Veracruz. Qué mejor motivo para justificar su comisión y el espacio que ocupan en la Cámara de Diputados de nuestra entidad. ¿Se habrán acordado del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas?.
Pero a diferencia de otras entidades, en Veracruz a pesar de existir varias iniciativas no se cuenta con una Ley Estatal de Derechos y Cultura Indígenas. Ojalá los diputados que próximamente serán electos, tengan conocimiento de esta asignatura pendiente y de la importancia y trascendencia de ello, dado el número de indígenas que existen en Veracruz y la situación que padecen. Sinceramente lo dudamos.

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