lunes, 18 de agosto de 2008

RAMON ACEVO

“No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.”

Anónimo (atribuido a Teresa de Ávila o a Juan de la Cruz, entre otros)


LA CADUCIDAD DE LO PERPETUO

Trato de imaginar a los cientos o a miles de personas que no pueden conciliar el sueño en los últimos días porque tienen responsabilidad fehaciente en un secuestro y, si son detenidos, su delito les puede significar la cadena perpetua… por lo menos en Veracruz.

El problema radica en la sílaba condicionante; según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (cuyas cifras gozan de cierto nivel de credibilidad, dadas las fantasías numéricas a que son tan aficionados los funcionarios nacionales), en el año 2000 se cometieron en el Distrito Federal cerca de un millón de delitos, de los que únicamente se iniciaron 182 455 averiguaciones previas y finalmente se consignaron 35 861 casos, aunque no en todos se logró la detención de los responsables; esto nos arroja una eficiencia terminal de alrededor del 2%, la cual contrasta con el 98.3% de resultados de ese mismo año en Japón o del 80% en Francia, por citar un par de las comparaciones posibles, aunque es necesario acotar que el número de delitos en esos países no llegó al 5% del total de los que ocurrieron en nuestra ciudad capital, y en algunos estados la cifra es superior.

Bajo esa circunstancia el arrojo del Presidente de la República al solicitar al Congreso de la Unión la cadena perpetua para los secuestradores es una broma de mal gusto, ¿De qué va a servir condenar de por vida a 2 de cada 100 culpables de privación ilegal de la libertad?.

La situación alcanza tintes patéticos cuando el Congreso de Veracruz aprueba una iniciativa similar en tiempo record y, por si fuera poco, en periodo extraordinario de sesiones, por qué de repente tanta prisa.

En un análisis superficial de los casos “resueltos” en México durante los últimos tres meses, encontramos que en cuatro de cada cinco estuvieron involucrados servidores públicos o ex-servidores, generalmente relacionados con la seguridad.

Otra circunstancia importante es que la privación ilegal de la libertad es una práctica común del Estado Mexicano, vgr: detención y desaparición de líderes ferrocarrileros en la década de los años 50: detención, desaparición y asesinato de líderes campesinos en la década de los años 60: represión desproporcionada, detención, desaparición y asesinato de líderes estudiantiles de 1968: represión desproporcionada y desaparición de líderes estudiantiles en 1971: desaparición y asesinato de líderes de movimientos insurgentes de Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla en la década de los años 70: ataque frontal contra las normales rurales durante los últimos 30 años: intervención al sindicato petrolero en la década de los 80: represión desproporcionada, detención, desaparición y asesinato de integrantes del EZLN desde 1994 hasta la fecha: represión desproporcionada, detención y desaparición de integrantes del movimiento por la defensa de la tierra en Atenco: represión desproporcionada, detención y desaparición de integrantes de la APPO. La lista es bastante más larga, suficiente hasta aquí para establecer que la privación ilegal de la libertad es una política de estado, ejecutada por presidentes, gobernadores, procuradores de justicia, altos mandos policíacos y de las fuerzas armadas, al igual que mandos medios y sus subalternos.

Ante la imposibilidad de que la clase política nacional se esté aplicando un harakiri, es decir, que emita una ley para condenarse a sí misma, la única explicación posible es que se trata de una bravata propagandística por parte del titular en turno del ejecutivo nacional, y en el segundo caso de un intento de agradar o de agradecer favores mediante tareas legislativas inocuas.

El nivel de corrupción en todos los niveles de gobierno en México, y particularmente en las “instituciones” encargadas de la procuración de justicia, garantiza la impunidad para los delincuentes allegados al régimen y, sobre todo, para los que son parte integral del mismo.

Sin pretender enarbolar ninguna bandera política en este espacio, es justo reconocer que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de realizar una revisión a fondo del contrato social toca el punto medular con respecto a la degradación acelerada del sistema político nacional, razón y no consecuencia de la escalada de criminalidad que vivimos.

Sin embargo los enunciados del líder del mayor movimiento opositor actual se enfocan al relevo del grupo gobernante sin una transformación del entramado social, una apuesta peligrosa en tanto subsisten en su entorno cercano los vicios y problemas que pudren la estructura vigente.
Las leyes, comentó el doctor Samuel Aguilera en una entrevista reciente, son una ficción. Una ficción apuntalada por la comunidad que acepta vivir en torno a esos supuestos, cuando el espíritu común se resquebraja el artificio queda en evidencia, se transforman en el rey vestido con los ropajes de falsa tela invisible y en cuanto el primer niño se da cuenta del montaje las burlas son lo de menos, de ahí que la violación de las leyes en México sea una constante en todos los ámbitos y los sobornos, además de ser también parte de la cadena delictiva, representan el elemento de cohesión, el cohecho es el frágil soporte del castillo de naipes en el que vivimos; en el análisis “La Economía de la Corrupción” de Bonnie Palifka (ITESM/Monterrey, 2003) se mencionan como beneficios de la corrupción: opción subterránea contra el burocratismo excesivo, la posibilidad de otorgar bajos salarios a la base del servicio público, la posibilidad de innovar pese a las barreras oficiales. Según algunos investigadores la economía del Antiguo Egipto sobrevivió durante cinco mil años gracias a los profanadores de tumbas que “recuperaban” el oro y las joyas de los sepulcros para ponerlos nuevamente en circulación.

La vigencia de la legalidad se encuentra en la convicción de los sujetos que la suscriben y no en los mecanismos de vigilancia y penalización, la emisión indiscriminada de leyes y reglamentos hasta el punto en el que resulta imposible que un individuo pueda conocer sus obligaciones y derechos es resultado de la perversión del sentido del derecho dentro de una sociedad; de la misma manera es absurdo incrementar la burocracia para controlar la aplicación de las leyes cuando no se ha logrado el reconocimiento a las mismas por parte de sus beneficiarios, en una sociedad caníbal no cabe establecer como delito la antropofagia, un ejemplo que vivimos a diario es que ha pesar de la existencia de una Secretaría de la Función Pública los daños al patrimonio del Estado por parte de los servidores públicos se han incrementado exponencialmente en los últimos años.
El que en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia se hayan gestado en años recientes nuevas constituciones, significa que reconocieron que habían llegado a un punto muerto, la legislación se había convertido en un cadáver demasiado pesado para seguir cargando con él y la única salida posible era empezar de cero nuevamente; ese proceso es sumamente complicado, en los tres países el fantasma de la guerra civil asoma de manera peligrosa.
La dificultad primaria estriba en que los habitantes de un área geográfica se reconozcan como comunidad, como miembros de una asamblea de iguales que comparten obligaciones, derechos, oportunidades y, sobre todo, que se respetan a ellos mismos y a sus semejantes.
Ese espíritu común, esa convergencia de intereses, se llama cultura: una serie de factores flexibles que interactúan bidireccionalmente, del individuo hacia el estado y viceversa, conforme a afinidades y coincidencias situacionales.
La base de una sociedad es su cultura, sus signos de identidad, su ubicación y la ubicación de sus diferentes componentes; cada cultura es un ser vivo que alimenta a sus elementos y se retroalimenta de ellos, tiene momentos de plena vitalidad, sufre enfermedades, sana o muere.
Nuestra cultura padece un cáncer en el sistema político, las cárceles, la represión y el incremento de los cuerpos policíacos significan lo contrario al remedio, equivalen a la reproducción descontrolada de células malignas que acelerarán el deceso. La parte orgánica que corresponde a la administración se engolosina al ver como su crecimiento va ahogando a los otros componentes del cuerpo-nación, sin comprender que cuando los extermine habrá llegado a su propio final, se habrá suicidado. “Uno no puede odiar a un tigre porque es un tigre; pero en cambio desearía matar inmediatamente al guardián irresponsable que expone al público las garras del tigre. Es una actitud sentimental profundamente arraigada en la psicología política. Pocos generales odian a sus contrincantes pero se vuelven ulcerosos y sufren ataques de apoplejía por culpa de sus aliados. La iglesia trata de convertir a los paganos pero quema a sus herejes. Parece ser una ley política que el odio aumenta en proporción a la cantidad de convicciones e intereses compartidos con el odiado.” Refiere Arthur Koestler en sus memorias respecto a la situación que causó la caída de la República de Weimar y el ascenso del nazismo.
La situación es grave, sin embargo quiero pensar que no hemos entrado a la fase terminal, aunque sanar desde este punto requiere de un tratamiento prolongado, difícil y molesto, muy molesto, sobre todo para los que ya depositaron en Suiza o en Miami los recursos que se requerirán de regreso para emprender la recuperación.
Es menester, por lo pronto, entender que la cultura no es un adorno de nuestra sociedad sino el aire que respira, uno de sus alimentos esenciales, la educación es el agua y el trabajo la comida que se transforma en energía. Para que los políticos no se sientan mal dejémosles creer que el gobierno equivale al cerebro, siempre que tengan presente que la mala calidad del aire, el agua contaminada y la comida descompuesta destruyen a la mente más brillante.
Dentro de la construcción de la identidad cultural el papel de los artistas es fundamental, su producción musical, teatral, dancística, plástica y literaria (o cinematográfica, que viene a ser una sumatoria posible de las disciplinas pre-existentes) enriquece espiritualmente a cada individuo, es en el arte donde cada ser descubre su vinculación con el resto de la humanidad. A partir del arte se inocula el respeto a los otros y a lo otro, el entorno; a partir de la belleza se genera el respeto a la vida propia y a la ajena.
Los artistas son los agentes de cambio, los impulsores de la evolución de cada sociedad mediante estímulos a la conciencia de sus integrantes en un proceso lento y delicado, si bien no exento de asperezas, por eso la reconstrucción social debe empezar por el arte, por la creación; cuando los políticos o los militares se han abrogado el rol transformador los resultados han sido dramáticos, destructivos las más de las veces.
Las leyes amenazantes, la represión y el encierro destruyen por igual a quienes están dentro y a quienes les impiden salir, las cárceles aprisionan también a los carceleros; si en otros países, como citamos al principio, ocurren menos delitos y tienen mejores resultados en la resolución de los mismos se debe a que existe una preocupación permanente por la preservación de su cultura, esto no significa que sean ajenos a la violencia, ningún país ni sociedad lo es, pero en ellos esa violencia es un accidente y no una constante.
La miseria que en México se destina a la cultura da por resultado la miseria humana que estamos padeciendo, los responsables de esto serán merecidamente olvidados, la historia, la que se escribe con la perspectiva que da la lejanía de los tiempos, pone a cada cual en su lugar.
Volviendo al tema de las cadenas perpetuas, recuerdo ahora que mi abuela tenía un lotecito a perpetuidad en un cementerio que ya no existe, exhumaron a los inquilinos para construir un centro comercial, en estos tiempos aciagos lo perpetuo también caduca.

Ramón Acevo/17-08-08




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