domingo, 23 de octubre de 2005

Centro histórico y sociedad civil

Mucho se ha manifestado hasta el momento y debatido en diferentes foros acerca de la valorización del Centro Histórico de Xalapa y de su consecuente rescate y conservación, pero poco de la participación de la sociedad civil en su dignificación y reactivación.

Para hablar de la participación de la sociedad civil en la dignificación y reactivación del Centro Histórico de Xalapa vale la pena sentar algunas premisas que nos parecen importantes e insoslayables, pues nuestra ciudad no es la misma, desde luego, que la del 19 de noviembre de 1990, cuando se hace la declaratoria de la zona urbana que nos ocupa.

Se puede afirmar que el concepto “centro histórico” se construye a partir del de “monumentalidad”, por lo que es la zona urbana donde más existen o se concentran monumentos pero también es una construcción social y política, ya que en él se condensan la dinámicas de la sociedad y la política, así como todos los problemas que padece la ciudad.

Los centros históricos forman parte del imaginario urbano. Son parte emblemática de una ciudad. representan un ideal. Muchos lo quisieran ver limpio, sin vendedores ambulantes, sin niños trabajadores de la calle, sin contaminación ambiental, sin problemas de vialidad, con parques limpios y sin ratas. Desgraciadamente, no siempre es así.

Pero cuando las ciudades entran en crisis como ámbitos que no responden a las necesidades y expectativas sociales y económicas del conglomerado que en ellas habitan, también los centros históricos entran en crisis y presentan problemas que los convierten en espacios de conflicto: cambio del uso del suelo, comercio informal, problemas de vialidad, megaconcentración de oficinas gubernamentales, carencia de estacionamientos, deterioro del patrimonio material, imagen desordenada y caótica, carencia de una normatividad para su conservación y cuando existe se encuentra obsoleta y rebasada, manifestaciones que provocan caos vial y lo que es más grave: falta de una política pública que lo tenga como un programa especifico.

Además, en los últimos años, los centros históricos presentan aspectos que se tendrían que analizar con mayor profundidad: exclusión, carencia de un consenso respecto a su conservación y dignificación, diversidad de actores que en ellos interactúan e influyen en su dinámica, y su debilidad como eje económico de la ciudad.

En la actualidad, salvo en casos excepcionales, los centros históricos o al menos su primer cuadro constituyen un ámbito cuya mayoría de espacios está vedada para los sectores marginados y los habitantes de las colonias y barrios alejados. Pensemos en los bancos, centros culturales, galerías de arte, cafés, discotecas,. Ahí la exclusión es práctica natural y cotidiana.

Al asistir a diferentes foros, mesas redondas, o conferencias respecto al centro histórico de nuestra ciudad, nos ha llamado la atención las diferentes posturas de los expertos en cuanto a su rescate, conservación y reactivación, llegándose a veces a la polarización de opiniones. Hemos escuchado criterios que priorizan lo patrimonial y los que sitúan en primer lugar lo comercial y turístico, pasando por la animación cultural el color de las casas, etcétera. Existen coincidencias pero a veces las divergencias son fuertes.

Otro aspecto que hoy presentan los centros históricos son la diversidad de actores vinculados a él. En primer lugar y a veces en el último están los que habitan en los últimos reductos de espacios habitables; se encuentran lo representantes de cámaras que son lideres de opinión y que los defienden con su particular visión; también están los actores políticos, a los que hay que agregar los municipales, que hasta hace poco nada tenían que ver con esta materia, pero que hoy están directamente involucrados o por lo menos son a los que recurrimos y les echamos la culpa de todo...lo malo y poco les reconocemos sus aciertos; se encuentran todos aquellos personajes que muchos quisieran que no aparecieran en este paisaje urbano: niños de la calle, limpia parabrisas, vendedores de chicles, etcétera.

Y, por último, los centros históricos han dejado de ser el eje de las operaciones económicas, del comercio, de los negocios, al surgir otros espacios que se establecen lejos de él, en lugares con otras condiciones de acceso, ampliación y ambientales.

En cuanto a esta ciudad, en un documento generado en 2004 por el Colegio Profesional de Arquitectos Restauradores del Estado de Veracruz se manifiesta que “ Xalapa es una ciudad que no cuenta con gran número de edificaciones históricas monumentales, a diferencia de otros como Morelia, Puebla o el mismo puerto de Veracruz, que se han caracterizado por tener verdaderas joyas arquitectónicas de incuestionable valor patrimonial, pero el centro histórico de la capital del Estado de Veracruz, vale en su conjunto, ya que conserva su traza original, acorde con la condiciones topográficas, lo que nos permite apreciar las características de su origen, con una plaza mayor que se ubicó en el trayecto del camino real, al lado del inmueble más importante y frente a las casas consistoriales”.

Ante este panorama y a quince años de su existencia formal, ¿qué puede hacer la sociedad civil por el Centro Histórico de Xalapa?, ¿cómo puede participar en su dignificación? y ¿qué formas o modalidades tendría para su reactivación?. En cuanto a lo anterior hemos leído y escuchado muchas y variadas propuestas, algunas de ellas viables y otras no. Mencionaremos tres que nos parecen acertadas y que en parte ya han sido planteadas.

Para que la sociedad civil participe en la dignificación y rehabilitación del Centro Histórico de Xalapa debe pasar de la corresponsabilidad a la autogestión. Para ello, las autoridades municipales deberán realizar un Programa de Difusión, iniciándolo con la edición de un volumen o cuaderno que contenga, por lo menos, lo siguiente: 1. La historia del Centro Histórico; 2. La declaratoria oficial que le otorga sustento jurídico; 3. El croquis correspondiente; 4. Una semblanza de sus barrios, callejones y parques; 5. Fotografías antiguas debidamente seleccionadas.

Una segunda etapa consistiría en distribuir el anterior volumen entre todos los alumnos de primarias, secundarias y ciudadanía para que exista un conocimiento del centro histórico propiciando un consenso a la necesidad de respetarlo, conservarlo y, lo que es más importante, la “apropiación“ del mismo por parte de los que aquí vivimos. Este cuaderno podría estar a cargo del Consejo de la Crónica de la Ciudad. Otra edición urgente y que hemos propuesto sin tener eco es la reimpresión de las “Leyendas de Xalapa” del primer cronista de la ciudad el Dr. Gustavo A. Rodríguez y Sáinz, obra que por cierto ha sido plagiada constantemente

También, se debe pugnar por que se elabore un Plan Integral del Centro Histórico, que algunos xalapeños o instancias académicas ya han propuesto. Pero, proponemos nosotros, este plan integral debe contener programas específicos: rescate de barrios, dignificación de los callejones, mejoramiento de los parques y , precisamente en cada programa específico se integrarían patronatos, comités, juntas de vecinos, clubes de jóvenes, para responsabilizarse de esos programas específicos. Ahí estaría la sociedad civil.

Retomamos, también, la propuesta del Colegio Profesional de Arquitectos Restauradores del Estado de Veracruz de la necesidad de establecer un consejo ciudadano del Centro Histórico, pero nosotros agregamos no consultivo, sino con facultades para tener una participación democrática en la toma de decisiones.

Agregamos, sin que le corresponda estrictamente a la sociedad civil, que se pugne por que en el Cabildo se establezca una comisión edilicia del Centro Histórico que no sea la misma que la de Imagen Publica y rescatar el Reglamento del Centro Histórico pues al haber quedado incluido el anterior en el de Desarrollo Urbano su importancia y contenido quedó minimizado, además de que se debe modificar para que comprenda otros aspectos, además del puramente patrimonialista.

Lo anterior, apenas es un esbozo de la manera en que la sociedad civil puede participar en la dignificación y reactivación del Centro Histórico de Xalapa.

domingo, 9 de octubre de 2005

Ley de fomento y difusión de la cultura

“En nuestro sistema jurídico no existe una Ley específica que dé vigencia efectiva al mandato constitucional contenido en la fracción V del artículo 3° para alentar, impulsar, promover y difundir la cultura, entendida ésta en su más amplio y universal concepto y no sólo en una materia o ámbito específico de la forma en que lo han venido realizando, destacadamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura entre otras instituciones de cultura.
“Han transcurrido más de 10 años desde que se estableció en la fracción V del artículo 3° Constitucional la obligación del Estado de alentar el fortalecimiento de nuestra cultura. Este mandato ha permanecido como un postulado general y programático que requiere ahora ser reglamentado...”
Lo anterior se expresa en la Iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 20 de septiembre.
Como es de suponerse, esta iniciativa ha venido a revitalizar el debate en el que quedan incluidos temas largamente discutidos y complejos como el papel que han jugado en nuestra historia y cultura el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inba), la pertinencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), la necesidad de crear un sector cultural en lugar del subsector dentro del sector educativo, etc. Pero a lo anterior se agrega en el nuevo debate cultural el derecho a la cultura y la cultura como política pública.
Esta Iniciativa, largamente esperada por la comunidad cultural no ha tenido una buena recepción en la Cámara de Diputados, lo cual quedó de manifiesto en la comparecencia del pasado día 21 de Sary Bermúdez, presidenta del Conaculta, que fue severamente cuestionada, quedándose muchos preguntas sin respuesta adecuada, debido a su parquedad, falta de manejo de cifras y a un aparente conocimiento superficial de la materia, lo cual es inaceptable.
Al analizar la exposición de motivos de esta Iniciativa se encuentra uno con aspectos trillados en torno a la cultura y una justificación rebuscada y sesgada para la existencia y continuación del Conaculta, como órgano rector de la cultura en México. Se menciona que “para una mejor comprensión y delimitación de los alcances de esta iniciativa”, se establecen tres ámbitos de la cultura: el patrimonio cultural de la nación; el ámbito educativo; y, el ámbito para alentar y difundir la cultura. Es a este último al que se refiere la Iniciativa en lo relativo al gobierno federal, pues también queda a cargo de las entidades federativas y los municipios.
La Iniciativa, por otra parte, se refiere al derecho cultural que se ha desarrollado en nuestro país, ubicándolo en una dimensión amplia y otra restringida. La primera se refiere al derecho que atiende, norma o regula materias como la radio, televisión, autorías, cinematografía, ciencia, tecnología, libros, derechos lingüísticos, patrimonio cultural, derechos indígenas, etc. La perspectiva restringida se enfoca a las atribuciones y funciones de la secretaría de Educación Pública (SEP), lo relativo al patrimonio cultural y al fortalecimiento y difusión de la cultura, esto último materia de la Iniciativa, como ya se mencionó.
Más adelante, se presenta una reseña o crónica del tránsito jurídico e institucional de la cultura en México, siempre ligado a la SEP, y pasando por la creación del Inah, Inba, Conaculta, etc., hasta llegar en 2001 a la incorporación y reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indígenas, que a nadie dejó satisfecho. En esta crónica y en toda la exposición de motivos permea un reconocimiento reiterativo al papel que ha tenido el Inah y el Inba.
Entre los siete “elementos básicos” de la Iniciativa destacan, tanto en la exposición de motivos como en el mismo cuerpo de la Ley, aspectos que llevan a la reflexión y al debate. Mencionamos algunos.
Los mecanismos de coordinación intergubernamental y con las entidades federativas en el ámbito de la Reunión Nacional de Cultura nos parecen débiles, frágiles e insuficientes.Pero lo que es más preocupante resulta ser que ante el reconocimiento de que aparte de la SEP y el Conaculta “otras dependencias del gobierno federal y entidades paraestatales realizan funciones de promoción y difusión de la cultura y cuentan con una extensa infraestructura dedicada a ésta” según el artículo 6 “el Ejecutivo Federal establecerá una instancia de coordinación al interior del gobierno federal para impulsar el desarrollo y ejecución de las políticas y programas culturales, en las que se atenderán, al menos, los aspectos siguientes: 1. el fortalecimiento de las políticas en materia cultural del gobierno federal, así como la coordinación en la formulación y ejecución del Programa (Nacional de Cultura) y de los programas específicos; 2...”
Nos preguntamos si estamos ante otro órgano desconcentrado de la misma SEP o se trata de un organismo con mayor jerarquía que el Conaculta, pues éste únicamente se dedica y tratará “la promoción y difusión” de la cultura aunque por otra parte se admite que “no obstante su consolidación y posicionamiento gubernamental en el ámbito cultural, el Conaculta requiere de una revisión en su organización y atribuciones, para conferirle características especiales (sic) con los atributos jurídicos congruentes con su función conductora de la política cultural nacional y coordinadora de los órganos y entidades del gobierno federal promotores de la cultura pertenecientes al subsector cultural de la SEP”.
Como toda Iniciativa de Ley sobre una materia compleja y de importancia relevante en el desarrollo de México y de cualquier país, aunque relegada al no constituir una política pública y menos de Estado, la de Fomento y Difusión de la Cultura ha sido criticada, argumentando su insuficiencia por no establecer una Secretaría de Cultura (aspecto en el cual no todos los críticos están de acuerdo); que subsiste el subsector cultural; que el Conaculta seguirá siendo un órgano desconcentrado y no descentralizado.
Otros cuestionamientos se refieren a que no se delimita el derecho a la cultura del derecho a la educación; su verticalismo; una participación ciudadana de baja intensidad; la escasa o nula referencia a la intervención de los creadores artísticos; la ambigüedad del concepto “industrias culturales”; y, como ya se mencionó, que no se llegue a constituir una política de Estado.
Esta Iniciativa puede ser abordada desde diferentes perspectivas y ser analizada detenidamente, ya que el secretario de Gobernación ha declarado que en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados no “pasará”, pero de que se “abren perspectivas favorables para el dictamen en el periodo extraordinario, programado para los primeros cuatro meses del próximo año”.