LIBROS, LECTURA Y LECTORES: LA INDUSTRIA EDITORIAL A DEBATE

De acuerdo al Art. 2 de la Iniciativa de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, debemos entender por precio único de venta al público del libro el “valor de comercialización establecido libremente por el editor o importador de sus títulos”. Este concepto del precio único ha provocado un debate nacional en torno a la industria editorial. A lo anterior, debemos agregar los siguientes artículos relevantes del estatuto mencionado:

“ART. 22. Toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o importe. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público que regirá como precio único.

“Art. 24. Los vendedores de libros al menudeo deben aplicar el precio único de venta al público sin ninguna variación, excepto en lo establecido en el Art. 25 y 26 de la presente Ley

“Art. 25. El precio único establecido en el Art. 22 de la presente Ley, no se aplica a las compras que para sus propios fines, excluyendo la reventa, hagan el Estado, la bibliotecas que ofrezcan atención al público o préstamo, los establecimientos de enseñanza y de formación profesional o de investigación

“Art.26. Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el Art. 22 de la presente Ley, cuando se trate de libros editados o importados con tres años de anterioridad y cuyo último abasto date de más de un año, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales”

Los anteriores artículos forman parte de los veintisiete que integran la mencionada Iniciativa que aprobada por el Congreso de la Unión fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación y consecuente entrada en vigor y cuyo plazo para ello se venció el pasado 31 de agosto. Desde días antes a la fecha señalada, en el ambiente cultural y artístico y ya no se diga editorial, existía una gran expectativa en torno a la posible publicación de la Iniciativa de la Ley, ya que de antemano se rumoraba que ante la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia (COFECO), el Presidente de la República la regresaría al Congreso de la Unión con observaciones para su corrección. En otras palabras la vetaría, tal como sucedió.

El Ejecutivo Federal adoptó la opinión de la COFECO que externó “la experiencia internacional demuestra que la imposición de un precio único obliga a los consumidores a pagar precios más elevados de libros, hasta 30%. Por ello, resulta contraproducente incluir esta medida en una Ley orientada a fomentar la lectura”. Más adelante la misma Cámara externó en un comunicado que “la desición sobre el precio único del libro debe darse sobre la base de la evidencia empírica y con el objeto de beneficiar a los consumidores, más allá de proteger el interés de cualquier industria. Sólo con este enfoque se logrará el objetivo de fomentar la lectura en México”.

En la elaboración de esta Iniciativa participaron instancias oficiales como la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y otras de la iniciativa privada como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CNIEM), así como la Asociación de Libreros Mexicanos, etcétera. De allí, la polémica que al conocerse el rechazo del Presidente de la República para publicarla se generó, formándose inmediatamente dos grupos en la opinión pública: uno a favor y otro en contra del precio único del libro.

Desde el inicio del largo trayecto que esta Iniciativa transitó, levantó discusiones y provocó un debate en torno a un tema tan complejo como es el precio único que se debe fijar al libro para lograr diferentes objetivos, como lo son el mayor acceso del público a este instrumento cultural y el estímulo a la industria editorial que se constituye por un largo eslabón de elementos: autores, diseñadores, impresores, distribuidores, vendedores, etcétera. Este debate se da en el marco de la vinculación Estado-mercado-industrias culturales y tiene como ejes los libros, la lectura y los lectores, vinculándose con aspectos como la globalización, políticas culturales, políticas económicas, etcétera. Hoy, retomamos el tema de la Iniciativa que nos ocupa.

Ante el veto del Ejecutivo Federal, José Ángel Quintanilla, presidente de la CNIEM señaló que “el primer paso sería desenredar las mentiras que la COFECO generó. Tendremos que rehacer el trabajo con los legisladores y demostrar que efectivamente el precio fijo en los países donde se practica genera un descenso en los precios.

“Tendremos que hacer que los legisladores vean que tuvieron razón cuando votaron a favor y que se trató de un trabajo en el que participó todo el sector industrial, eso no lo han querido ver. Lo que propone la COFECO es que compremos libros por Internet, pero eso me parece un poco el reflejo del mundo en el que viven, por que acceso a Internet sólo tiene 20% de los mexicanos y se necesita tarjeta de crédito, que el México real, mayoritario no tiene, y tampoco le interesa comprar por ese medio.”

En este contexto, vale la pena hacer un poco de historia en torno al precio único del libro que en México se ha planteado como una necesidad urgente para reactivar la industria editorial y fomentar realmente la lectura. En Europa, ha existido desde hace tiempo un debate parecido, que se ha resuelto con el precio único en algunos países y en otros con la libertad de la determinación del mismo. Los modelos que se han generado son el “continental” a favor del precio único y el modelo “anglosajón” que pugna por el libre mercado y la liberación absoluta de los precios. Tras de estas dos posiciones se encuentran los defensores de la diversidad y riqueza literarias en el primer caso y en el segundo los economicistas de la cultura.

Ambas posiciones también implican diferentes perspectivas de lo que constituye el libro: un objeto cultural en sí mismo en la primera y como producto de lo que recientemente se denominan industrias culturales, en la segunda.

El precio único del libro siguiendo el modelo “continental” se aplica en Francia, Italia, España, Alemania, Grecia, Dinamarca, Noruega, Australia, Suiza, Portugal y Hungría, donde el libro se conceptualiza como un bien cultural por lo que se le debe proteger del mercado frente a las embestidas de los grandes consorcios internacionales.

Contrario a lo anterior, el modelo “anglosajón” únicamente se aplica en el Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Suiza y Bélgica, donde el mercado editorial ha disminuido de manera sensible y el precio del libro ha evolucionado a precios más caros. Esto sucede en el marco del neoliberalismo que pugna por las ventajas colectivas del libre mercado en todas las áreas y sobre todo en la posición de negar cualquier subsidio, apoyo o protección fiscal a las industrias culturales.

Pero volviendo al caso mexicano, una opinión altamente significativa es la de Clemente Merodio, director editorial del conglomerado Santillana-México, quien opina que la decisión de Vicente Fox de regresar la Ley a la Cámara de Senadores con observaciones al precio único: “me parece totalmente incongruente con la política de un gobierno que ha pretendido fomentar la lectura con algunos programas (como Hacia un país de lectores). No se tomó en cuenta que se aprobó por unanimidad en el Senado y mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ni que la ley estaba consensuada ni en toda la gente que estamos interesados en los libros: Los editores, libreros, autores, promotores de lecturas. Hay que tener respeto por el Congreso”.

Así mismo, Clemente Merodio, niega que la aplicación del precio fijo como se le llama en Europa o único en nuestro país, sería sólo para beneficiar a las editoriales internacionales como es el caso, precisamente del grupo editorial Santillana: “Se trata de un argumento falaz. Las experiencias internacionales nos dicen que cuando se pone en práctica el sistema del precio único la industria editorial en general, más allá de su origen, toma un costo social y los márgenes de la industria se reducen. Los editores grandes y pequeños, apostábamos a que el número de lectores se incremente, y eso tiene, desde luego, implicaciones en el negocio, pero también tenemos un compromiso con la lectura al que no nos podemos negar”.

El debate es amplio e involucra, aunque a veces algunos opinen en contrario, a todos los sectores de la sociedad, dados los bajos índices de la lectura como una actividad recreativa, que cambia en el lector su visión del mundo, de lo que lo rodea y lo lleva a reflexionar sobre sí mismo. Nos referimos al lector activo, el que lee por mero placer, en libros propios o prestados, en bibliotecas, el trabajador o estudiante que mediante un esfuerzo guardando algo del gasto familiar compra un libro para sus hijos, aquel obrero o empleado que orgullosamente muestra una mínima biblioteca que ha formado para sus hijos. Vemos a la lectura como la actividad lúdica que genera una relación especial entre el lector y el libro (ver nuestra entrega del 16/04/06: ¡Usted y el libro!).

Como la Iniciativa vetada involucra a nuestros nuevos representantes ante el Congreso de la Unión, en días recientes, no más de quince, al platicar con tres de ellos, recién estrenados como diputados federales, uno contestó a nuestro cuestionamiento que no sabía nada del tema, otro que lo había leído en los “titulares” de un periódico y la tercera que trataría de ponerse al día en estos asuntos, pues no sabía nada. Lo anterior no nos sorprendió, pero si nos desilusionó una vez más. Ojalá no suceda lo mismo con todos, pues el tema es de vital importancia y tendrá que ocupar un lugar relevante en la tan discutida y negociada nueva agenda legislativa federal.